domingo, 12 de mayo de 2013

Terada se expresó a favor de la sanción de la ley de Juicio por jurados


La Diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI, Alicia Terada se manifestó a favor de la sanción de la Ley de Juicios por jurado. “En estos tiempos que mucho se habla sobre “mejorar el desempeño de la Justicia” bajo la denominación falaz de la supuesta “democratización del Poder Judicial”  cuyo “paquete de leyes enviados por la presidente de la Nación solo implicar la eliminación de la independencia de dicho poder y el cambio del sistema republicano de gobierno, por uno autoritario y hegemónico, es necesario sancionar la ley del juicio por jurados”, dijo la Legisladora Nacional.  “Pretendemos evitar que se sigan garantizando los altos niveles de impunidad existentes”, remarcó Terada.
“Si realmente se pretende el mejoramiento de la Justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos es que debemos implementar el juicio por Jurados para los juicios criminales, ya que es una deuda que debemos saldar con nuestra Carta Magna (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional), y se trata nada menos que de una de las garantías incorporadas en el Capítulo Primero de la Constitución Nacional”, expresó Terada.
En este sentido, la Diputada Nacional señaló que “el desafío está, precisamente, en instrumentarlo de manera de garantizar los derechos de los justiciables, los de las víctimas y los intereses genuinos del Estado; agilizando los procesos, a partir de un procedimiento verdaderamente acusatorio, oral y público”.
“Ello, además de elaborar una propuesta de Juicio por Jurados, cuya implementación en nuestro país sea eficaz y posible, con una administración eficiente de los recursos humanos y económicos disponibles”, sostuvo Terada.
La Legisladora Nacional de la CC-ARI  explicó que “a partir de las últimas décadas del siglo XX, los procesos de reforma judicial han incorporado diversas modalidades de participación ciudadana. Entendido en este contexto, como una institución eminentemente democrática que aporta al mismo tiempo control de las instituciones y legitimación de sus decisiones, el jurado ha sido incorporado en este período no sólo por países latinoamericanos como Brasil y Bolivia, sino por otras democracias jóvenes y en proceso de robustecimiento, como Rusia, España, Sudáfrica, entre otros.
Cuando ya la judicatura con características elitistas, con lenguaje cerrado, comprensible sólo por juristas y jueces y vedado al ciudadano común, ha perdido legitimidad y credibilidad, el juicio por jurados viene a poner a la Justicia al alcance del ciudadano común, mediante un lenguaje más comprensible y concreto”.

“Por otro lado, es de considerar que hoy por hoy, el pueblo percibe que aun saliendo a la luz muchos más casos de corrupción que tiempo atrás, “todo queda en la nada”. No hay juicios para los acusados, ni imposición de condenas para este tipo de delitos, en los que se ven involucrados funcionarios públicos y empresarios “amigos” o “conectados” con el Poder político. Siendo, la “impunidad” resultado de la inacción judicial e incluso, fruto de la “contaminación” de la Justicia por la corrupción, en manos de los jueces “adeptos” al Poder Político o que son presionados por el mismo; y por ende, carentes de toda independencia e imparcialidad en sus decisiones”.

En este sentido, Terada manifestó que debido a esta situación es que vuelven a promover la
la implementación del Juicio por Jurados, como lo venían haciendo desde el año 1999 (Expte. N° 1159-D-1999) con su primer proyecto. “Sólo que ahora nos proponemos actualizarlo y entendemos que su necesidad en esta oportunidad, también reside en resultar un instrumento eficaz para los casos de corrupción, en los que se encuentren acusados los funcionarios públicos de más alto rango o en los cuáles, como resultado del delito cometido, se encuentre comprometido considerablemente, algún interés estatal.  A fin de evitar que se sigan garantizando los altos niveles de impunidad existentes; y a su vez, colaborando con mayor libertad para los jueces cuyo ánimo es el de hacer justicia”, remarcó la Diputada Nacional.

Para Terada, “la ciudadanía, siendo parte activa, podrá controlar los procedimientos y tomará contacto directo con la problemática, en tanto la presencia de los legos en los tribunales penales, contribuye a asegurar que los veredictos sean consistentes con las ideas de moralidad y justicia vigentes en la comunidad y mejora la transparencia de las acciones de los jueces”.

“Y si bien el juicio por jurados es considerado históricamente, como un derecho del imputado, a ser juzgado por sus pares; es cierto que existen  reparos y temores ante las demandas sociales de penas más duras”.

Terada  señaló que “a partir de la experiencia cordobesa que ya lleva casi ocho años, se han hecho estudios según los cuales esos temores que existieron en un principio, fueron disipados, en efecto, el temor a que en un contexto dominado por “la sensación de inseguridad” se produjeran actitudes revanchistas y endurecimiento de los castigos, provocó varios planteos de constitucionalidad en contra de la ley cordobesa, durante los primeros dos años, pero sólo en ciudades más grandes (Córdoba y Río Cuarto). Sin embargo, luego de cinco años de aplicación continuada, el nuevo sistema se consolidó sin grandes inconvenientes”.

“Las estadísticas relevadas permiten concluir que la introducción del instituto de juicio por jurados no ha conducido a un endurecimiento mayor de las decisiones adoptadas. De hecho, los jurados tienden a coincidir con los jueces en sus sentencias y cuando su opinión difiere, su perspectiva ha sido en general más blanda”, aseguró la Diputada.

De esta manera, Terada explicó los motivos por los cuales desde la Coalición Cívica-ARI vuelven a promover la implementación del Juicio por Jurados. “Pretendemos que sea un instrumento eficaz para los casos de corrupción, en los que se encuentren acusados los funcionarios públicos de más alto rango o en los cuáles, como resultado del delito cometido, se encuentre comprometido considerablemente, algún interés estatal.  A fin de evitar que se sigan garantizando los altos niveles de impunidad existentes; y a su vez, colaborando con mayor libertad para los jueces cuyo ánimo es el de hacer justicia”, sentenció la Legisladora Nacional.