Dictamen para que el Acceso a la Información Pública sea tratado en sesión

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja emitieron esta mañana, un dictamen conjunto para aprobar el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.

Mientras que la Coalición Cívica (CC) firmó un dictamen de minoría, el PS, GEN y Nuevo Encuentro firmaron un dictamen de mayoría con disidencia, todos en desacuerdo respecto a la autoridad de aplicación de la norma. No obstante el denominado Grupo A definió que "cada ámbito tendrá su propia autoridad de aplicación que será autárquico y autónoma".

Tras varios meses de debate los principales bloques de la oposición en Diputados lograron avanzar con un dictamen posibilitando el tratamiento de la iniciativa en la sesión del 15 de septiembre.

La diputada de la CC, Alicia Terada explicó que la Coalición Cívica firmó un dictamen en minoría “porque plantea que la autoridad de aplicación debía quedar en la órbita del Congreso, sin la participación del Poder Ejecutivo”.

En tanto, otros sectores, como el PRO, algunos peronistas federales y el socialismo, preferían que la autoridad de aplicación sea compartida por el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Terada resaltó del proyecto la creación de la ANAIP (Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública) organismo que tendrá "autonomía funcional y autarquía financiera, en el ámbito del Congreso de la Nación", explicó la legisladora chaqueña.

"La ANAIP es independiente, no recibirá instrucciones de ninguna otra autoridad de la Nación y tendrá capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado", establece el proyecto.

La propuesta de la CC también plantea que la ANAIP estará a cargo de un directorio integrado por un presidente y cuatro vocales, con diversas obligaciones y funciones.

Acordado entre todos los bloques el resto del texto establece que "toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reutilizar y redistribuir información que esté en poder, custodia o bajo control de cualquier autoridad pública".

Esa posibilidad se podrá ejercer sin necesidad "de invocar un derecho subjetivo o interés alguno ni contar con patrocinio letrado".

El texto plantea también que estarán obligados a brindar información los "organismos o entes de la Administración central, el Poder Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público, los órganos creados expresamente por la Constitución Nacional, las empresas y sociedades del Estado, y las asociaciones empresariales, instituciones o fideicomisos que tengan recursos o bienes del Estado Nacional".