Los beneficiarios del “carne amarillo” son indigentes

Según datos oficiales, los beneficiarios de las pensiones a la vejez, invalidez y madres desamparadas que perciben mensualmente la suma de $450 son indigentes, porque se encuentran por debajo de los $537 que el INDEC establece como canasta de indigencia. Lo alarmante de la situación es que permanecen en esta condición de indefensión hace mas de 10 años debido al incumplimiento del Gobierno provincial de ajustar el monto de las pensiones al 50% del salario mínimo vital y móvil que rige en el país. Esto quiere decir que en realidad los cerca de dos mil beneficiarios –todas personas en edad avanzada o con discapacidad y madres desamparadas- deberían estar percibiendo la suma de $870, en vez de $450, obedeciendo a lo establecido en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 2420 de pensiones. Sobre esta problemática fueron alertados los diferentes gobernadores provinciales en los últimos 5 años, sin embargo ninguno de ellos y a pesar de contar con el presupuesto necesario de $20 millones, cumplió con la Ley. De acuerdo a lo manifestado por la diputada nacional del ARI, Alicia Terada en el año 2007 a través de un proyecto de resolución se le reclamó al entonces gobernador Roy Nikisch (Alianza Frente de Todos) el cumplimiento de la Ley 2420, quien luego de algunos meses brindó una solución parcial al problema resolviendo aumentar de $80 a $250, pero en realidad debería haber aumentado a $490. En el año 2008 nuevamente se advirtió, pero esta vez, al gobierno de Jorge Capitanich (Frente para la Victoria) sobre el incumplimiento de la norma y las consecuencias que producen en este sector carenciado de la sociedad. Las gestiones de Terada incluyeron también una reunión con quien en ese momento era la secretaria general de la Gobernación, y actualmente es diputada provincial, Elda Pértile quien a pesar de haber prometido ocuparse de la problemática, no brindó respuestas. Transcurrido varios meses y haber emitido otra resolución de la Cámara de Diputados el primer mandatario chaqueño determinó mediante el decreto 3165 un aumento a $300. Y el incremento trimestral escalonado de $50 durante 10 meses contados a partir del 1 de noviembre de 2008. Esto quiere decir que decidió aumentar de $300 a $450, en un plazo de casi un año cuando según el salario mínimo, vital y móvil que regía en el país indicaba que debería haber aumentado a $610. El reclamo de la actual diputada nacional continuó durante el mandato del gobernador Capitanich en el 2009, con las resoluciones 2810/09 y 1757/09 sin obtener respuestas favorables por parte de la cartera provincial. Inclusive este año el 6 de julio se volvió a enviar un nuevo pedido de informes a la Secretaria General de la Gobernación para que a través de Desarrollo Social informe las razones por la cual habiendo el presupuesto necesario no se utiliza para lo que fue asignado. Pero tampoco contestaron. “A medida que pasan los años se vuelve cada vez mas difícil la tarea de subsistir para estas personas, teniendo que sobrevivir actualmente con un promedio de $14 por día aproximadamente. El Partido ARI repudia esta actitud de negarles a los ciudadanos la posibilidad de gozar del derecho de vivir dignamente”, afirmó la diputada. Asimismo remarcó lo que considera es una contradicción por parte del Estado diciendo: “Contradictoriamente quienes tienen la responsabilidad política de garantizar el cumplimiento de los legítimos derechos de los ciudadanos, son quienes impiden el ejercicio de los mismos”. “Es de suma importancia que se cumplimente con los pagos de los montos que corresponden de los cálculos que establece la norma citada, por cuanto no solo se está violando una norma legal desde el Poder Ejecutivo Provincial, sino que la continuidad de su no cumplimiento podría generar reclamos judiciales a favor de los beneficiarios y fundamentalmente la consecuencia social irreparable de sumergirlos en la indigencia”, concluyó Terada.