El autoritarismo de un Gobierno que persigue a los medios y pone en riesgos la democracia

La embestida del Gobierno contra los medios no tiene límites, ni disimulo. Mientras desde la oposición intentamos generar leyes que permitan mayor transparencia y pluralidad en los medios, trabajando en iniciativas como la de publicidad oficial -que tiene el objetivo de crear reglas claras para su distribución, a los efectos de que no sea utilizada para favorecer o perjudicar a los medios según su relación con el Gobierno- desde el oficialismo intentan cerrar el círculo de la información atentando contra los medios que no son adictos al poder de turno y contra la misma Constitución Nacional (CN). En un claro accionar de ataque contra la principal materia prima de los medios gráficos, que es el papel y con una decisión completamente autoritaria, la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció que denunciará judicialmente al diario La Nación y Clarín para investigar la compraventa de papel prensa y enviará al Congreso un proyecto para regular y controlar la producción de papel para diarios. Con esta medida pretenden condicionar el trabajo de los medios independientes en un claro ejemplo de coartar la libertad de prensa, iniciando un proceso de degradación y exterminio de la democracia. Pero no es la única, de la misma manera que en Venezuela, el presidente Hugo Chávez, manda a cerrar canales de televisión y radios, en la Argentina la presidente Cristina Fernández, a través de una resolución de la Secretaría de Comunicaciones dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel, proveedor de Internet perteneciente a CableVisión del Grupo Clarín. Pareciera ser que el Gobierno castiga a quienes no piensan igual que ellos, y en esta arremetida no les importa avasallar los derechos de los argentinos constitucionalmente adquiridos. Mucho menos pensar que con estas iniciativas pone en serio peligro la continuidad de una democracia plena, que gran trabajo nos constó recobrar. Desde la Coalición Cívica hacemos pública nuestra postura en defensa de la libertad de prensa y expresión porque respetamos a quienes piensan igual que nosotros y a quienes no y entendemos que esa es la forma de construir una democracia real. No estamos a favor de los intereses de un determinado grupo empresarial mediático que en numerosas ediciones criticó el accionar e iniciativas de la Coalición Cívica, sino de todos los medios que existen en la Argentina. Queremos garantizarles a todos por igual los insumos necesarios para poder desarrollar libremente su derecho a trabajar y por otro lado permitirle a la ciudadanía gozar de su derecho de informarse de manera veraz. En esta lucha la Coalición Cívica junto con los principales bloques de la oposición presentamos diversos proyectos para anular la medida del Estado contra Fibertel, porque no compartimos y nos oponemos a estos mecanismos nefastos de control que propone la presidente. Por otra parte estudiamos los antecedentes del expediente 44 y analizamos el informe del fiscal de Investigación Administrativas, Ricardo Molina referidos a papel prensa y nos dimos cuenta que la intención inicial de su conformación fue buena, la idea era que la Argentina comenzara a fabricar el papel de diario para evitar la importación y que pudiera tener mayor libertad y menor costo. Estamos convencidos que hubo una manipulación y tergiversación de los hechos históricos por parte de la presidente, y ello quedó demostrado en las cartas publicadas por Isidro Graiver y la hija de David Graiver donde desmienten cualquier tipo de presiones para la venta de papel prensa. Asimismo consideramos una jugada mentirosa de la presidente al intentar hacer creer a la ciudadanía que existió la posibilidad de delitos de lesa humanidad, cuando en ningún momento hubo presión o violación a los derechos humanos según expresan sus protagonistas. Somos concientes que los medios de comunicación masiva tienen gran influencia en la población pero nos parece abominable pensar que fuera una excusa mas que suficiente para intentar acallar sus voces y controlar la diversidad de pensamiento y opinión. Por otra parte nos preocupa ser víctimas de las decisiones de un Gobierno que agoniza y que en su desesperación por salvarse toma medidas que los hunden aun más, pero que mientras producen un grave daño político, económico y moral a los argentinos.

Terada: “El miércoles fue un día memorable para los argentinos”

Mas del 70 % de los jubilados y pensionados nacionales perciben el haber mínimo de 895 pesos en contra de lo que dice la Constitucion Nacional. Ahora pasarían a cobrar 1427 pesos.

“Ayer fue un día memorable para los argentinos, por cuanto se debatió y sancionó una ley que significa un acto de estricta justicia para los jubilados y pensionados”, dijo esta mañana, la diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Alicia Terada al referirse a la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto de Ley que propone el aumento a las jubilaciones y pensiones. Luego de un extenso debate que finalizó a las 4 y con el rechazo de los diputados Kirchneristas, se aprobó el proyecto que establece la Movilidad Jubilatoria del 82% respecto al salario de los trabajadores y recompone el resto de las escalas. Ahora la medida pasará al Senado en donde decidirán si la afirman o rechazan.

Al fundamentar en el Recinto el acompañamiento a la iniciativa la diputada chaqueña expresó: “cuando decimos que la sanción de esta ley es de estricta justicia, es por lo que la propia corte, ha expresado en el caso Badaro que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes, que aseguren el objetivo constitucional. Una reglamentación prudente de la garantía en cuestión además de facilitar el debate anual sobre la distribución de recursos y evitar el uso de facultades discrecionales, permitiría reducir la litigiosidad en esta materia, que ha redundado en menoscabo de los derechos de los justiciables y del adecuado funcionamiento el poder judicial, por lo que formula una nueva exhortación a las autoridades responsables a fin de que examinen esta problemática”.

Por otra parte refutó los dichos del ministro de Economía, Amado Boudou quien sostuvo que solo Luxemburgo paga a sus jubilados el 82 % móvil de los haberes que cobran los trabajadores en actividad. “Es evidente que Boudou no conoce los sistemas jubilatorios vigentes, ya que existen cinco sectores que tienen el 82 % móvil a nivel nacional, y que son la corte suprema y poder judicial, docentes no universitarios, servicio exterior, docentes universitarios e investigadores cientificos”, aseguró.

“Además, en las provincias, las que mantienen sus cajas previsionales, conservan el 82 % móvil. Ejemplo de ello, es el Chaco, en donde la Ley 4044 garantiza el 82 % móvil del haber percibido en actividad. Es mas el art 75 de la Constitución Provincial asegura jubilaciones móviles a los empleados públicos y pensiones de igual carácter a sus beneficiarios”, afirmó.

En cuanto a este tema resaltó que el año pasado, en oportunidad de desempeñarse como diputada provincial, la Cámara de Diputados del Chaco, aprobó con el voto de los diputados de todos los bloques incluidos el oficialista lo que se llama “el blindaje previsional” incluyendo en el art.75. El 82 % móvil, el 2 por uno, la edad jubilatoria y la intransferencia del sistema previsional de la provincia al estado nacional.

Tras citar este hecho solicitó a los diputados y diputadas del Chaco que en coherencia con lo que existe en la provincia acompañen con su voto, la sanción de la ley en cuestión. No obstante los diputados Kirchneristas chaqueños votaron en contra del aumento a jubilados. “El 82 % móvil en la mínima jubilatoria es un reclamo legítimo y un objetivo que debemos alcanzar cuanto antes”, afirmó al tiempo que reconoció que la Coalición Cívica tomó ésta problemática y la incluyó en sus bases programáticas de gobierno tanto en las elecciones presidenciales del 2003 y del 2007 y que actualmente lo que está haciendo es cumplir con su propuesta de campaña.

“Como decía Evita “donde hay una necesidad, nace un derecho”. Es mas que evidente que el salario mínimo de nuestros jubilados y pensionados resulta insuficiente para llevar una vida digna, y que cualquier acción tendiente a mejorar sus ingresos es un acto de estricta justicia”, concluyó.

Comenzó el debate por la publicidad oficial

Las comisiones de Comunicaciones, Libertad de expresión y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación iniciaron ésta semana el análisis de los nueve proyectos sobre el régimen de regulación de la publicidad oficial. La diputada del ARI- Coalición Cívica, Alicia Terada participó de éste primer debate por ser una de las autoras de las iniciativas presentadas y que se ha tenido en cuenta para la elaboración del texto unificado que se debatirá en el Recinto. En la oportunidad la legisladora chaqueña destacó que el proyecto analizado en comisiones corresponde intelectualmente al diputado de la Coalición Cívica (MC) Fernando Sánchez, pero que a los efectos de darle tratamiento fue representado este año por las diputadas Elisa Carrió, Elsa Quiróz, Carlos Comi y Alicia Terada. Terada señaló que entre los conceptos más importantes del proyecto se encuentra la creación de un Registro Nacional de Medios para la Publicidad Oficial, en el que se deberán inscribir todos los medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad interesadas en recibir la pauta, y en el que se consignará el presupuesto total anual de gastos y recursos aprobado para publicidad y toda la información de los medios inscriptos y su acceso a la pauta. Asimismo proponen que elabore un informe semestral de ejecución y que la información actualizada sea incorporada en la página web en un término no superior a los siete días desde el momento de su actualización o inscripción. Como aspecto relevante plantean también, el desarrollo de un plan anual de publicidad oficial que contenga la estrategia de comunicación de los organismos estatales que deberá ser elevado al Congreso de la Nación para su aprobación. Asimismo, la Auditoría General de la Nación deberá realizar una auditoría anual de gastos en la publicidad oficial, la cual permitirá conocer de manera pública el manejo de los fondos destinados para tal fin. Del mismo modo buscan crear una comisión bicameral integrada no solo por legisladores, sino también por un representante académico vinculados a la comunicación, uno de los trabajadores del área y otro de cada una de las asociaciones de prensa de la nación. Este grupo controlará que no se incurra en ninguna de las prohibiciones a la hora del reparto de la publicidad oficial así como elevar denuncias por la detección de anormalidades. Por otra parte la iniciativa propone prever una reserva ante emergencias, como por ejemplo la gripe A que requirió de una campaña sanitaria especifica. En tal caso será un 10% del monto total que la Ley de presupuesto le asigna a la publicidad oficial. La utilización de dichos fondos debe rendirse al presentarse los informes semestrales. Y por último le brinda la posibilidad a las provincias a adherirse al régimen nacional. “Pretendemos con la regulación de la publicidad oficial garantizar los principios de interés general, libre acceso a la información pública, pluralismo informativo, eficiencia del gasto público, igualdad de oportunidades en el acceso a la distribución, transparencia, diversidad, no discriminación y respeto a la libertad de expresión, conceptos simples en los que esperamos estar de acuerdo con los diputados de las diferentes bancadas políticas para conseguir la aprobación de la Ley y posteriormente con las provincias para que se adhieran a la medida”, expresó.

El miércoles se tratará el 82% móvil en Diputados

Por pedido del Bloque de la Coalición Cívica el proyecto de Ley de aumento a los jubilados será debatido el miércoles. Sería inminente su aprobación en el recinto. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó anoche, la preferencia para tratar en la sesión del miércoles el proyecto de ley que establece la Movilidad Jubilatoria del 82% respecto al salario de los trabajadores. De acuerdo a lo manifestado por la diputada del ARI- Coalición Cívica, Alicia Terada, la iniciativa se encuentra en condiciones de ser aprobada el próximo miércoles en la Cámara baja puesto que cuenta con el acompañamiento de los diputados de la oposición y con los dictámenes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y la de Presupuesto y Hacienda. La legisladora chaqueña valoró el esfuerzo que se vino haciendo desde las comisiones para conseguir los dictámenes correspondientes que posibilitan el tratamiento de la iniciativa en el recinto y para “sortear los obstáculos que el oficialismo interponía para no avanzar con la medida”. No obstante informó a la ciudadanía que se encuentran en la última instancia antes de la sanción de la norma, y garantizó el compromiso de la Coalición Cívica para restituir el 82% a los jubilados y cumplir con un derecho que constitucionalmente está contemplado en el artículo 14 Bis de la Carta Magna.

Terada se reunió con productores en Sáenz Peña

La diputada nacional del ARI - Coalición Cívica (CC), Alicia Terada y el concejal de Resistencia, Rafael Kadlec se reunieron con pequeños y medianos productores en la Sociedad Rural de Sáenz Peña, para exponer la postura de la CC respecto a las retenciones y escuchar las opiniones y preocupaciones del sector productivo chaqueño. De la reunión participaron integrantes de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Sáenz Peña, Mario Fogar, Víctor Bass y Jorge Araujo, como así también numerosos productores de la zona. En el encuentro Terada explicó que la CC propone la no segmentación de las retenciones y ratificó la postura de bajar el gravamen en el caso de la soja del 35 por ciento al 25 y eliminarlo para el resto de los granos trigo, maíz y girasol. Explicó con mayor detalle que el proyecto que lleva las firmas de las diputadas Elisa Carrió, Hilma Re y Susana García plantea concretamente eliminar las retenciones para todos los productos, menos para la soja, que pagará derechos de exportación por un 25 por ciento en aceites, harina, pellets y demás subproductos, comprendidas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur. Por otra parte señaló que a través de un dictamen, acordado en la Comisión de Agricultura y Ganadería junto con la de Comercio, se ha aprobado la consideración del proyecto de ley de las diputadas Carrió, Ré y García, sobre la normalización y apertura a las operaciones de exportación. “Al eliminar los registros de operaciones de exportación, se conseguirá eliminar los requisitos administrativos burocráticos, que había impuesto el Poder Ejecutivo complicando la comercialización de los productos agropecuarios”, indicó la legisladora chaqueña.

En tanto los productores plantearon las principales dificultades que tiene el sector con el sistema actual de retenciones, como por ejemplo el funcionamiento del Roe, como así también se mostraron especialmente interesados en saber en qué estado se encuentra el proyecto de Ley para la reforma previsional del 82%. Finalmente manifestaron su satisfacción por el dictamen de la comisión de Agricultura y Ganadería para la normalización de las operaciones de exportación, y su acompañamiento al proyecto de la CC sobre retenciones.

El ARI -Coalición Cívica repudia con una resolución de la Cámara de Diputados de la Nación los hechos de violencia sucedidos en La Leonesa

El Partido ARI-Coalición Cívica manifestó su repudio por los hechos de violencia sufridos por los diputados provinciales Carlos Martínez (Libres del Sur) y Fabricio Bolatti (Frente Grande); el titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), Marcelo Salgado; el científico investigador del CONICET, doctor Andrés Carrasco, y otros miembros de la comunidad en el marco de la jornada informativa sobre el uso de los agroquímicos y sus consecuencias en la salud, en la localidad de la Leonesa. A tal efecto la diputada nacional Alicia Terada presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación en el cual se repudia la violencia en el accionar de los responsables de las agresiones del sábado 7 de agosto. Por otra parte Terada comentó que luego de haber tomado conocimiento de que se estaban produciendo hechos de violencia intentó comunicarse con el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini y con el asesor legal, Mauro Flores pero ambos tenían el celular apagado, por lo cual se comunicó con la fiscal de turno, la doctora Graciela Griffith Barreto para ponerle en conocimiento de los hechos y solicitar la urgente liberación de las personas, aunque mencionó que “la Dra ya estaba al tanto de lo que estaba sucediendo”. “En un Estado democrático es inconcebible que pasen estas cosas. Es incomprensible que dirigentes políticos actúen de ésta manera omitiendo mecanismos y herramientas generadas justamente para evitar estos episodios, y que son el debate y la libre discusión de temas que contribuyan para ver de que manera se puede compatibilizar las partes”, señaló la legisladora chaqueña. “Nadie está en contra ni de las arroceras, ni de los aeroaplicadores, lo que se está es en defensa de la salud y de la vida de los habitantes de la zona, entonces el objetivo es escuchar a los especialistas para determinar que resguardos se pueden tomar para preservar la salud de las personas”, aseguró. “La intolerancia del jefe comunal y de todos los que propiciaron el ataque del sábado es repudiado desde esta fuerza política, lugar desde el cual también nos solidarizamos con las víctimas y bregamos para que episodios de esta naturaleza no se repitan más”, concluyó Terada.

Este mes se aprobaría el pedido de informes a la Comisión Nacional de Investigación sobre agroquímicos

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación emitiría el 10 de agosto, dictamen favorable para la aprobación del pedido de informes a la Comisión Nacional de Investigación para la Prevención, Asistencia y Tratamiento en casos de intoxicación con productos agroquímicos, sobre los casos chaqueños. El pedido de informes que está dirigido al Poder Ejecutivo Nacional fue presentado en el mes de mayo por la diputada nacional de la Coalición Cívica, Alicia Terada a los efectos de averiguar si desde ésta comisión se inició algún tipo de investigación sobre los casos denunciados de intoxicación por fumigación con productos químicos y sustancias agroquímicas en las localidades de La Leonesa, Las Palmas, Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas y Colonia Elisa del Chaco. Asimismo se consultó si se están realizando investigaciones con casos denunciados en otras provincias de la Argentina y finalmente también se preguntó sobre el trámite dado al informe enviado por la Comisión Investigadora de Contaminantes del Agua de la Provincia del Chaco, el cual fue elevado al Ministerio de Salud del Chaco el 9 de abril de 2010. La diputada Alicia Terada recordó que la comisión nacional investigadora de agroquímicos fue creada por decreto de la presidenta Cristina Fernández, en el año 2009 con el fin de que el Estado nacional regule que todo uso que se efectúe de productos químicos y sustancias agroquímicas, sea responsable y no altere las condiciones normales de la salud pública y la integridad del ambiente. Según establece el decreto, la Comisión Nacional “tendrá entre sus objetivos, investigar los hechos denunciados así como sus causas y efectos; efectuar recomendaciones para contribuir al uso racional de químicos y agroquímicos así como el desarrollo de estrategias para el fomento del buen uso de los productos o bien, su eliminación”. A tal efecto la Comisión Investigadora de Contaminantes del Agua de la Provincia del Chaco, hizo llegar un informe para que la Comisión Nacional inicie la investigación correspondiente, sobre casos puntuales denunciados por contaminación por el uso de agroquímicos y sus consecuencias en la salud de la población. “Consideramos importante y necesario seguir de cerca el accionar sobre estos casos, debido a la gravedad de los daños que se presume pueden generar en la salud de la población”, señaló Terada al tiempo que confirmó su presencia en la jornada que se llevará a cabo mañana en la Legislatura chaqueña.

La Coalición Cívica insiste en la no segmentación de las retenciones

La Coalición Cívica mantuvo en conferencia de prensa su postura contraria a la segmentación del gravamen a las exportaciones de soja. En el resto sí hay acuerdo.

El bloque de diputados nacionales que encabeza Elisa Carrió reiteró su postura contraria a la implementación de una segmentación de las retenciones en la soja, al considerar que tal cosa es en la práctica muy difícil de implementar.

Los legisladores de la Coalición Cívica dieron una conferencia de prensa en la que aclararon su deseo de ponerse de acuerdo con la oposición en esa materia, aunque puntualizaron que de no alcanzar eso plantearán sus diferencias en el dictamen.

El resto de la oposición mantiene una postura favorable a segmentar las retenciones a las exportaciones agrícolas, mientras que la CC está a favor de reducir la retención a la soja y eliminarla para el resto de los productos. Según expresó Carrió, el reclamo por parte de los pequeños productores del reintegro correspondiente es demasiado engorroso y termina siendo "humillante" para quienes tienen que ir a reclamarlo.

La bancada que conduce Elisa Carrió puntualizó que "lo que se deja de pagar por retenciones es dinero que queda en los productores y que en su mayor parte va a consumo interno".

En ese sentido señalaron que llegaron a la conclusión de "avanzar con esta iniciativa porque caminamos los pueblos, del interior, el campo; que no necesariamente tienen la postura que llevan adelante las superestructuras".

El encuentro con los medios se produjo en el Bloque de Diputados de la Coalición Cívica.

Terada recibió al embajador de Taiwan

El ARI – Coalición Cívica lucha por establecer políticas de Estado para la preservación de la tierra

La compra de tierras se realiza en zonas estratégicas donde se encuentran las reservas de agua dulce más importantes de la Argentina. Los extranjeros adquieren estos inmuebles para resolver sus grandes problemas de escasez de agua enajenando la soberanía nacional y comprometiendo el futuro de las próximas generaciones de argentinos.

“Abrir la discusión sobre políticas de Estado para el control de los recursos naturales es una tarea imprescindible”, afirmó esta mañana, la diputada nacional Alicia Terada al referirse a la presentación que efectuó la Coalición Cívica de un proyecto de Ley sobre Restricciones y Limitaciones a la Adquisición de Inmuebles Rurales, con el que se pretende, entre otras cosas, establecer prohibiciones a la compra de tierras por extranjeros.

La posibilidad de contar con una Ley de estas características permitiría la preservación de los recursos naturales e impediría que continúe la entrega de tierras fiscales a capitales extranjeros que hacen negocios en detrimento del pueblo argentino.

Las ventas de tierras constituye un problema nacional que afectó a las provincias de Mendoza, San Juan, San Luís, Catamarca, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Salta, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.

En la Patagonia Ted Turner compró cerca de 4.400 has, Benetton 700.000 has, Joe Lewis 14.000 has y Tomkins 105.000 has (20.000 has de plantaciones de pinos).

En Iberá se vendió alrededor de 400.000 has. y la mitad de esa superficie corresponde a los humedales del Iberá (incluyendo una isla en medio de los esteros, donde nace el río Corrientes).

Todas estas tierras tienen elementos en común: están cerca de zonas fronterizas y se asientan sobre recursos naturales como ser reservas de agua que son vitales para la vida, o bosques. “Al vender las tierras se vende la soberanía por eso los países establecen políticas claras respecto a la manera de controlar el territorio y el buen uso de los recursos, y eso es lo que queremos lograr en nuestro país”, aseguró Terada.

“Las políticas que por largos años se implementaron, dejaron de lado la planificación y el rol del Estado para orientar el desarrollo, a la vez que realzaban la acción del mercado y de las inversiones extranjeras. Los resultados alcanzados están a la vista: incremento de las desigualdades sociales, pérdida de la calidad de vida para una parte importante de la población y deterioro de los recursos naturales”, explicó la legisladora chaqueña.

“Desde la Coalición Cívica queremos fijar una política de Estado sobre la propiedad de la tierra, para proteger y preservar este recurso natural”.

Cabe destacar que ésta iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados de la Nación consecutivamente cada dos años, al perder estado parlamentario sin que llegue al debate en el Recinto, desde el año 2002.

Paralelamente en el Chaco diversas iniciativas también fueron presentadas por la diputada Alicia Terada, durante su gestión como diputada provincial que formaron parte de un arduo trabajo por recuperar las tierras fiscales vendidas o mal adjudicadas, para devolvérselas a los pueblos originarios de la Provincia. En este sentido consiguió la anulación de la venta irregular de 10.000 hectáreas de tierras a los hermanos Gualtieri; la inembargabilidad de tierras para los pueblos originarios del Chaco y realizó jornadas legislativas sobre la tierra en la que participaron organizaciones sociales, profesionales, damnificados de toda la provincia y la ciudadanía en general.

“Esta es una lucha que la venimos dando desde hace muchos años porque estamos convencidos que el Estado debe intervenir en la defensa de su territorio y en la preservación de sus recursos naturales”, concluyó.

ARI – CC: “A favor de los Glaciares y en contra de la mega minería contaminante”

La diputada Alicia Terada continúa trabajando en defensa de los recursos naturales y medio ambiente. Detalles de un emprendimiento que puede ser millonario para algunos bolsillos y altamente contaminantes para los recursos naturales y ponen en serios riesgos la vida de las futuras generaciones. Luego de un largo debate y sin el acompañamiento del oficialismo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Ley que permitirá la protección de los Glaciares y de la zona periglaciar, donde se regulan los recursos hídricos. La diputada de la Coalición Cívica, Alicia Terada hizo una fuerte defensa de la iniciativa que intenta restringir el área donde operan las mineras en la cordillera, por cuanto entiende que “no se puede comprometer el agua que necesitarán las futuras generaciones de argentinos a causa de su entrega para uso en emprendimientos industriales que resultan contaminantes para los recursos naturales”. “El agua es un recurso escaso que a nivel mundial está produciendo grandes discusiones entre países, es por ello que consideramos que esta ley es vital para dotar a la Argentina de herramientas para afrontar la disputa por el agua potable”, expresó Terada. “Consideramos particularmente necesario aprobar la ley de Presupuestos mínimos de Protección de Glaciares y Área Periglacial porque sabemos que hay dos factores fundamentales que atentan contra esta gran reserva de agua congelada. Por un lado, factores naturales de cambios climáticos. El calentamiento global produce el derretimiento de las capas de hielo y la desaparición de glaciares. Y por otro, intereses económicos particulares que permitieron el desarrollo de actividades altamente contaminantes, como ser la minería que utiliza cianuro, que aceleran el proceso de destrucción del recurso natural”, argumentó. “De acuerdo a informes suministrados, en San Juan, la mina Veladero consume 110 litros por segundo; Gualcamayo 54; Pascua Lama con sus 360 litros por segundo, usará por día lo mismo que San Luís potabiliza para el consumo de toda la provincia. A eso hay que sumarle más de 180 proyectos en carpeta que dependerán del agua de los ríos de la zona, originados por deshielo”, aseguró. Asimismo comentó que “la Minera Agua Rica (MAR) construyó gran parte de sus instalaciones dentro del ámbito periglaciar. Agravado aún más por tener sus instalaciones sobre la naciente de ríos que también son públicos”. Explicó que la mega minería a cielo abierto realiza una gran cantidad de explosiones durante todo su periodo de concesión y genera grandes cantidades de polvo que según la dirección de viento se acumularía en el área glaciar. Se preguntó entonces “¿cómo sobrevivirán las ciudades de Mendoza, San Juan, La Rioja o cualquier otra del resto del país si en el ámbito Glaciar y Periglaciar Cordillerano que nos proveen del agua pura necesaria para la vida, si se permiten emprendimientos mineros que lixivian rocas con cianuro y/o celdas, altamente contaminantes?”.

Con la contaminación de las nacientes de los ríos se perjudicaría además, la vida y actividades económicas como la vitivinicultura, como así también se complicaría el sostenimiento de la economía agro exportadora argentina y sus derivados manufacturados de alto valor agregado en los próximos 20, 30 o 50 años. La iniciativa apoyada por el Bloque de la Coalición Cívica fue presentada este año por el diputado del Bloque Dialogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso y es una reproducción del proyecto presentado por la diputada mandato cumplido, Marta Maffei. La Ley Maffei que fue aprobada por todos los Bloques que en ese momento integraban la Cámara baja, fue vetada por Cristina Fernández en noviembre de 2008. Y este año fue reflotada en manos del diputado Bonasso y fue sancionada en general con el apoyo de los diputados de la oposición, algunos Bloques aliados al oficialismo como Nuevo Encuentro, y en disidencia con los diputados de las provincias cordilleranas y del oficialismo por no estar de acuerdo con la norma. Por último dijo: “No entendemos el beneficio que le genera la mega minería al pueblo argentino debido a que nos contamina el agua, destruye nuestra biota, nos enferma y el rédito económico es muy bajo”.