Terada solicita un debate serio para el proyecto de "boleta única"

La diputada Alicia Terada señaló que un debate serio donde prevalezca el interés por mejorar el régimen electoral, permitirá implementar la boleta única y fortalecer el sistema democrático de respeto de las voluntades populares en el Chaco. La diputada Alicia Terada indicó que lamenta que haya algunos diputados que desconozcan o se nieguen a reconocer el fraude electoral que sufrió el ARI en las elecciones de 2007, el que fue denunciado ante el Tribunal Electoral de la Provincia el 18 de septiembre de ese año y verificado por la misma legisladora y veedores del Tribunal Electoral quienes recorrieron conjuntamente las escuelas el día de los comicios y constataron la faltante de boletas en las urnas al inicio de la jornada, "las que no fueron puestas por el Tribunal Electoral", aseguró. En este sentido aclaró que el fraude constituye una violación a los derechos de los ciudadanos de elegir libremente y por otro lado vulnera el principio constitucional de igualdad ante la Ley de los partidos políticos que participan en la contienda electoral. Asimismo destacó el informe publicado por el diario La Nación donde se hace público un critico informe realizado por los veedores internacionales que visitaron la Argentina en octubre de 2007 quienes recomendaron una revisión del régimen electoral argentino por entre otras cosas la falta de boletas, poca capacitación en las autoridades de mesa y serias deficiencias en los centros de votación. Cabe destacar que la misión extranjera estaba compuesta por una treintena de funcionarios electorales de varios países, coordinadas por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que enviaron las conclusiones al Ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral. De esta forma la legisladora del ARI manifestó que "hay sobradas razones para querer mejorar el régimen electoral y que la oposición infundada del oficialismo demuestra el poco interés en respetar las voluntades ciudadanas y en definitiva de fortalecer el sistema democrático", enfatizó. Agregó que esta iniciativa merece un debate serio entre todos los protagonistas y fundamentalmente sería importante escuchar la opinión de la ciudadanía que reclama mayor transparencia en el acto eleccionario. Por otra parte Terada aclaró que "los que hablan de listas sábanas y que el tamaño de las boletas para que entren todos los candidatos deben ser de las dimensiones de una bandera, hablan por desconocimiento, porque ni siquiera se tomaron un tiempo para leer el proyecto en cuestión", argumentó agregando que "en la iniciativa se especifica claramente que el tamaño de la boleta será determinado por el Tribunal Electoral quien diseñará de acuerdo a la cantidad de partidos que se presentan a los comicios y que no será mayor a una hoja tamaño oficio o legal dado que son aproximadamente 20 partidos". Respecto a las listas sábanas aclara que "los nombres de todos los candidatos serán detallados en afiches de dimensiones considerables ubicados dentro del cuarto oscuro para que puedan ser leídos por el elector en caso de que éste no haya podido hacerlo antes".

El ARI solicita la implementación de la boleta única en el Chaco

La iniciativa de ley que fue presentada el año pasado por la diputada Alicia Terada, propone una reforma de la ley 4.169 Electoral Provincial para incorporar la “boleta única de sufragios” en los comicios. Este sistema podría ser utilizado en las elecciones legislativas de este año, siempre y cuando sea aprobado por los disputados de los bloques mayoritarios de la legislatura chaqueña. Se accedería de este modo a un acto eleccionario más transparente e igualitario entre todos los partidos políticos. Con la “boleta única” emitir el voto se transformaría en un proceso más sencillo y fácil de realizar, dado que en una misma boleta se incorporarían a todos los candidatos de los distintos partidos políticos, a los que los ciudadanos elegirían muñidos de una birome y con un simple tilde en el casillero correspondiente al candidato elegido. Se facilitaría también el voto a los invidentes, dado que las boletas deberán ser impresas oficializadas en sistema Braille. Para conocimiento de los electores se diseñará un afiche donde se consignará el nombre de cada uno de los candidatos titulares y suplentes postulados por las agrupaciones políticas o alianzas que participan en la contienda electoral, para las diferentes categorías electorales propuestas y en dimensiones que permita la fácil lectura, las que serán distribuidas en la cantidad necesaria para cada mesa electoral de la provincia. Se evita de esta manera el robo de boletas, situación padecida por el ARI en las elecciones del 2007, se reducen sustancialmente los gastos de impresión de votos y facilita el escrutinio final y la elección al ciudadano que contiene en una sola boleta el nombre de todos los candidatos. El método de la “boleta única” que promueve el ARI ya fue utilizado en las elecciones presidenciales del 2007 para los argentinos que viven en el extranjero y en la provincia del Chaco para los detenidos en cárceles, en la provincia de Córdoba y el domingo último se conoció la noticia de que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, impulsará un proyecto de similar naturaleza para implementar en los comicios de octubre. Terada destacó que “desde hace un tiempo atrás, se puede apreciar el desgaste paulatino que el sistema de votación viene sufriendo”, y citó como ejemplo la situación sufrida por el ARI en el 2007 partido que denunció la faltante de boletas en Resistencia y distintas localidades del interior provincial. “Las últimas elecciones provinciales y nacionales han sido una muestra clara y concreta de cómo el sistema electoral vigente no garantiza un pie de igualdad de oportunidades a las diferentes fuerzas políticas que participan de la contienda electoral, exigida por la Constitución”. “En el marco de las elecciones generales de la provincia celebradas meses atrás, se suscitaron graves violaciones a los derechos constitucionales del ciudadano. En una gran cantidad de mesas de la ciudad de Resistencia y del interior, sus autoridades electorales no recibieron en las urnas remitidas por el Juzgado Electoral, la totalidad de las boletas oficializadas por éste, de manera tal que en muchos de los cuartos oscuros el votante no pudo sufragar”, comentó. El proyecto de ley Nº 2.277 fue presentado por la diputada Terada en la Cámara de Diputados el 21 de julio de 2008, pero aun permanece en la comisión de Asuntos Constitucionales. La legisladora del ARI trabaja intensamente para lograr la aprobación del mismo porque tiene la fuerte convicción que “la boleta única constituye un elemento esencial para la transparencia del acto comicial”.

El ARI reclama un Defensor del Pueblo para el Chaco

El Defensor del Pueblo es una Institución que actúa con plena independencia y autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las Leyes; y el control del ejercicio de las funciones administrativas. Por cuarto año consecutivo la diputada Alicia Terada intentará que se efectúe la designación del Defensor del Pueblo del Chaco, tal como lo establece la Constitución Provincial en su artículo 119 inciso 16. Para lograrlo es indispensable que los diputados de las otras bancadas políticas apoyen la iniciativa presentada por Terada que propone una selección mas abierta, participativa y transparente del Ombudsman entendiendo que los únicos beneficiados con esta iniciativa son los ciudadanos, quienes tendrán un espacio y una persona con legitimidad para canalizar sus reclamos e inquietudes ante organismos administrativos y judiciales. La Ley 4.190 en su art. 2 dispone que la función del Defensor del Pueblo es la de peticionar ante el Estado en interés de los habitantes de la Provincia. Su ámbito de competencia abarca a los tres poderes del Estado, a las Municipalidades, entes descentralizados, organismos de defensa y seguridad y entes binacionales y supranacionales. Y el art. 8 del mismo cuerpo legal determina que debe entenderse como “ interés de los habitantes” el que comprende todo aquellos vinculados a la defensa de los derechos constitucionales, individuales, colectivos y difusos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones; así como la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos, sean estos prestados por entes públicos o privados. La duración del mandato del Defensor del Pueblo es de cuatro años y puede ser reelegido por una única vez, debiendo reunir los mismos requisitos que para ser diputado, con las mismas inhabilidades, inmunidades, incompatibilidades y privilegios, no pudiendo ser removido sino por las causales y el procedimiento establecido para el juicio político. La legisladora del ARI resaltó que “efectivizar el nombramiento del Defensor del Pueblo en el Chaco es una necesidad imperiosa y una deuda pendiente que se tiene con la ciudadanía”. Destacó que esta figura “podría abordar diversas problemáticas de sustancial importancia y vigencia para la provincia como ser la falta de seguridad, de provisión de agua, aumentos de energía eléctrica, las demoras en los trámites administrativos y judiciales”. Incluso citó como ejemplo que “ante la carencia del Defensor del Pueblo provincial se tuvo que recurrir al de la Nación, Eduardo Mondino para que intervenga en los casos de muertes de aborígenes sucedidas en el año 2008 y la desnutrición de los pueblos originarios”. La diputada Terada desde su ingreso a la Legislatura Provincial promovió la implementación de la figura del Defensor del Pueblo y estableció, a través de un proyecto de resolución y más tarde uno de Ley, que el mecanismo de elección sea mas abierto y participativo, de manera que cualquier candidato propuesto por si o por organizaciones no gubernamentales, puedan acceder a una audiencia abierta y pública donde sean elegidos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Sin embargo hasta la actualidad no se ha logrado el consenso de los diputados de los otros bloques políticos para agilizar la aprobación y posterior designación del ombudsman. “A pesar de haber escuchado a varios legisladores reconocer a través de los medios sobre la importancia y necesidad de elegir al Defensor del Pueblo, esa actitud no se vio plasmada a la hora de la votación por lo cual el proyecto permanece en la Comisión de Asuntos Constitucionales sin voluntad aparente de que sea tratado. Por esta razón y porque la sociedad reclama su nombramiento se adelantó desde el Bloque ARI que durante el 2009 insistirán nuevamente para que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados, ratificando su postura y el compromiso de impulsar la efectiva designación de la persona con la idoneidad, capacidad, independencia necesarios para desempeñar adecuadamente el cargo.

El ARI pide informes al IPDUV por licitación de 2,3 millones

Luego de haber tomado conocimiento a través de los medios de comunicación, sobre el llamado a licitación que efectuó el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), para la restauración para el edificio de equinoterapia y labores de apoyo de la Fundación San Jorge en Puerto Tirol, la diputada Alicia Terada decidió solicitar informes al presidente de dicha institución, José Valentín Benítez, a los efectos de obtener datos precisos y mayor conocimiento de la situación. La licitación pública 6/2008 prevé una inversión total de 2.309.759,09 pesos que beneficiaría a la Fundación de equinoterapia San Jorge, cuya presidenta es Gladis Sánchez; Lo que despertó el interés del Bloque ARI que facultado por el articulo 106 de la Constitución Provincial decidió presentar hoy un pedido de informe para determinar las características de esta licitación del IPDUV para obras de una entidad privada. El informe requiere el decreto, orden, ley o resolución por la cual se hubiera ordenado la licitación mencionada, y la normativa que faculta al IPDUV a la realización de llamados a licitación de esa índole. Asimismo intentará averiguar si existen –a la fecha- otras licitaciones en curso de ejecución, a favor de algún emprendimiento privado o instituciones de servicio, en caso de estar ocurriendo precisó que se informe el motivo y se le remita el pliego de condiciones y Organismo o Fundación beneficiaria de la licitación en cuestión y si es público o privado.

El ARI buscará equilibrar fuerzas en la Cámara de Diputados

Equilibrar la composición de la Cámara de Diputados a través del ingreso de nuevos legisladores del Partido ARI y consolidar el trabajo parlamentario iniciado por la diputada Alicia Terada serán dos de los principales objetivos que tendrá esta fuerza política en las elecciones de este año. El Partido ARI se prepara para enfrentar un año que está marcado por las elecciones legislativas en las que intentará romper con la mayoría absoluta que existe actualmente en la integración de la Cámara de Diputados e impedir que el segundo partido mayoritario logre ser oficialismo en la legislatura chaqueña. El trabajo de ser una oposición seria y responsable no ha sido sencillo a lo largo de estos tres años para la única representante que el ARI tiene en la Cámara de Diputados, la doctora Alicia Terada, pero se propone un desafío aun mayor en el 2009 que es lograr aumentar el número de representantes a fin de lograr no solo debates y análisis serios sobre temas que interesan a la sociedad sino conseguir ser un elemento fundamental en la toma de decisiones que sean determinantes a la hora de la votación de iniciativas. Para Terada la degradación institucional del Parlamento chaqueño de la que tanto se habló en los últimos años tiene que ver justamente con la escasa participación que tienen los partidos minoritarios en las tomas de decisiones de los temas tratados, y atribuyó esta situación a una cuestión de números. Según Terada desde una banca unipersonal se puede realizar una excelente gestión marcando posiciones sobre los diversos temas analizados, pero al ser unipersonal generalmente no se consigue cambiar las decisiones impuestas por los partidos mayoritarios, fundamentalmente en la legislatura chaqueña donde los legisladores de la Alianza Frente de Todos gozan de quórum propio con 19 legisladores, esto quiere decir que con su sola presencia puede sesionar la Cámara y sancionar leyes, sobre 10 del Pj, 1 del Frente Grande, 1 de Libres del Sur y 1 del ARI. El crecimiento de la tercer fuerza política chaqueña, propone anular los intereses partidarios de los dos partidos mayoritarios por sobre los beneficios de la comunidad, garantizando la credibilidad perdida en los últimos años. Finalmente desde el Partido ARI señalaron que la única alianza posible hasta el momento es con la Coalición Cívica, un nuevo espacio pluralista con el cual se viene trabajando desde el año pasado en la provincia, donde el ARI es uno de los miembros garantes de esta Coalición que incorpora personas con ética, moral y república, principios fundantes tanto del ARI como de la Coalición Cívica.

El Bloque ARI presentó balance de gestión 2008

La diputada Alicia Terada mostró satisfacción al efectuar el balance de su tercer año en la legislatura provincial al consignar que de 17 proyectos de ley presentados, 11 fueron aprobados, 1 enviado al archivo y solo 5 permanecen en comisiones. La diputada Alicia Terada (ARI) realizó esta mañana un balance anual de gestión, en la sala de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Estuvo acompañada por el concejal del ARI, Rafael Kadlec y por Gabriel Goicochea, Martín Bogado y Emilia Kadlec, representantes de Jóvenes por la Igualdad del ARI. Al formalizar la rendición de cuentas de su actividad en el 2008, Terada dio a conocer que ha presentado 17 proyectos de ley, 262 de resolución y 14 de declaración. Entre ellos figuran: las leyes por la que crea la figura del Defensor del Pueblo en la provincia, una figura que está prevista en la Constitución Provincial, pero que nunca ha sido designada. Actualmente en la comisión de Asuntos Constitucionales. El proyecto por el que crea un subsidio algodonero de subsistencia en el Chaco para productores de algodón de hasta 10 hectáreas de cultivo con vigencia por dos años, iniciativa que fue sancionada por ley 6225. Asimismo promovió la incorporación del inciso I) al artículo 1º de la Ley 5428 de Ética y Transparencia en la Función Pública que impide que las autoridades o funcionarios públicos incluyan nombres en la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos con fondos del Estado provincial. Aprobada por Ley 6137 y en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 30 de octubre. Promovió la reforma del artículo 90 del decreto Ley 527/55 a los efectos de prohibir la venta de todo tipo de anteojos en lugares o negocios que no sean casas de ópticas. La norma aprobada establece que las casas de ópticas solamente podrán vender sin recetas médicas, anteojos de cristales simples y de color, como así también están autorizados a repetir las recetas o reponer los cristales deteriorados, sin exigir nueva prescripción facultativa, debiendo dejar constancia en el Libro de Prescripciones. Aprobado por Ley 6143. Asimismo propuso la reforma de los artículos 1º,2º,4º e incorporación de artículos a la Ley 179 que reglamenta el uso de vehículos oficiales, a los efectos de prohibir a los funcionarios y agentes provinciales, a quienes les haya sido asignado un vehículo oficial, la utilización del mismo para el uso particular y cualquier otra actividad no oficial. Del mismo modo se planteó la necesidad de que la totalidad del parque automotor oficial, sean identificados con la leyenda indeleble que indique: "Vehículo Oficial de la Provincia del Chaco", consignando a cual de los tres Poderes del Estado o ente autárquico pertenece. La identificación debe figurar también en la chapa patente y en ambas puertas delanteras del vehículo, en tamaño y dimensión suficiente que permita su fácil lectura. Estas reformas fueron sancionadas por Ley 6231. Presentó también una iniciativa a los efectos de suspender la vigencia de la ley de colegiación obligatoria para abogados y procuradores del Chaco. Sancionada por ley 6214. Otro tema tratado en un proyecto de ley, tiene que ver con la incorporación del artículo 16 bis en la ley Orgánica del Poder Judicial, estipulando el cupo femenino en la integración del Superior Tribunal de Justicia a fin de lograr la representación igualitaria de ambos géneros en cargos jerárquicos de la Justicia. Este proyecto fue archivado. Proyecto por el que declara de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación, los bienes e instalaciones pertenecientes a "Dellamea Jorge" para ser adjudicado a la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos Limitada de Resistencia, todas las maquinarias de la hilandería de Villa Ángela para ser destinadas al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo "Hilandería Villa Ángela Ltda." en formación. Y el inmueble propiedad de la empresa UCAL, ubicado en la ciudad de Barranqueras". El primero y segundo fueron aprobados, el tercero permanece en la comisión de Asuntos Constitucionales. Proyecto de Ley para incorporar la "boleta única de sufragios" con el cual se pretende lograr mayor transparencia en el proceso electoral, evitar el robo de boletas y amortizar los gastos que tienen los partidos políticos frente a los comicios. La "boleta única" consiste en que en una sola boleta figuren los nombres de los candidatos de los distintos partidos políticos, lo que evitaría la desaparición de boletas, facilitaría el proceso de recuento de votos y simplificaría el trabajo de fiscalización. Proyecto de Ley de modificación del artículo 11 de la ley 3258/87 estableciendo la adjudicación de tierras a los pueblos originarios sin restricción en el tiempo. Esta modificación incorpora un cambio significativo respecto a la norma anterior que establecía la adjudicación de tierras por el término de 20 años. Aprobado por Ley 6.166. En igual sentido se presentó un proyecto de Ley para controlar en forma efectiva el nivel de alcoholemia en los conductores de servicios públicos de pasajeros antes y después de cada servicio. La iniciativa fue sancionada por ley. Con referencia al reajuste automático a las pensiones de carné amarillo, establecido en la ley 2.420 de pensiones, fue presentado varios proyectos de resolución aprobados por la legislatura, con el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial a dar efectivo cumplimiento a lo que establece la norma. A pesar de la insistencia aun no se ha conseguido que el Gobierno cumpla con su obligación. Otras iniciativas de ley para establecer un marco regulatorio para el fomento de nuevas formas productivas y dicta normativas sobre empresas recuperadas por los trabajadores. La diputada manifestó que entre los 262 proyectos de resolución se encuentran pedidos de informe, a organismos, entidades y a los restantes poderes del estado. Como así también dejó claro que algunos proyectos fueron propuestos en forma conjunta con diputados de otras bancadas. ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD La doctora Terada recordó que fue organizadora de jornadas de concientización ciudadana en defensa de la Tierra Pública y de erradicación y prevención de la violencia contra la mujer. Participante activa del Foro en Defensa de la Independencia de la Justicia del Chaco, y de la Tierra Pública, ámbito desde el cual se abordó también la instalación de la planta de arrabio en la provincia y sus posibles consecuencias ambientales. En este sentido continuó bregando como desde el inicio de su gestión por la conservación de la tierra pública, y para ello impulsó la realización de la jornada legislativa sobre la venta de tierras fiscales y en defensa de su entrega a los pueblos originarios. Con masiva concurrencia, participaron aborígenes de diversas etnias, organizaciones, entidades, legisladores nacionales y la ciudadanía en general. Finalmente recordó que a pesar de que su bloque cuenta con una sola banca y de la prepotencia de la mayoría parlamentaria que deciden sobre distintos temas tratados en la legislatura, consiguieron aprobar cuantiosas iniciativas legislativas que benefician a la ciudadanía en su conjunto. Agregó que respecto a la presentación de la declaración jurada que en cumplimiento de la ley de Ética Pública se debe efectuar anualmente, expresó que la misma fue entregada oportunamente para su aparición en Internet y puesta a disposición de toda la comunidad en el blog www.aliciaterada.blogspot.com

ARI : Cuestiona informe sobre ECOAMBIENTAL dado por Mastandrea

En relación al contrato firmado entre la Presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mastandrea y la Asociación Civil Ecoambiental, por la suma de $ 540.000.- el bloque ARI habia solicitado un pedido de informe , el que fue evacuado por la primera, en fecha 02 de diciembre el cte año. Los argumentos brindados en dicho informe son cuestionados por el bloque ARI y se ponen en conocimiento de la ciudadanía ya que se trata del manejo de fondos públicos, en los términos que siguen: La primera pregunta formulada es: que norma la autoriza a la presidenta a la firma del contrato de asistencia cooperación con la Asociación Civil Ecoambiental, en forma de contratación directa. La respuesta fue: que el convenio fue suscripto en el marco de las previsiones del art. 132 inc h) de la Ley 4787 ( de Administración de Financiera del Estado) sin embargo del análisis de dicho artículo surge que esta norma no se ajusta al contrato cuestionado. En efecto, la norma dice: que se podrán efectuar en forma directa contrataciones y el inciso h) textualmente establece:" la adquisición, ejecución, conservación, reparación, restauración o mantenimiento de obras artísticas, científicas o técnicas que deban encomendarse a empresas o personas especializadas en la materia, en las condiciones que determine la reglamentación".- Como bien surge de la simple lectura del artículo mencionado, el contrato con Ecoambiental de ninguna manera se encuadra dentro de la excepción dada por la Ley de Administración Financiera del Estado.- A ello se suma, que la reglamentación dada por el Decreto 1.184/ 2005, en su art. 1 dispone, que el contrato de suma mayor a $ 30.000.- debe hacer a través de licitación pública, hecho que no se cumplió en la firma directa del contrato de la presidente de la Cámara de Diputados con la Asociación Civil Ecoambiental. Además, el Decreto 3566/77 de Régimen de Contrataciones, establece que para la contratación directa excepcional, esta debe ser fundada, ponderadas y autorizadas previamente, hecho que en el caso en cuestión no se dio.- La segunda y la tercera pregunta hecha por el bloque ARI, fueron el envio de la fotocopia del contrato y de los antecedentes de la Asociación como ser copia del estatuto, inscripciones respectivas. A ello la presidenta Mastandrea contesta la fotocopia de la Resolución Nº 1.107 firmada el 21 de julio del 2008, el convenio marco de cooperación de fecha 01 de julio del 2008, el convenio de asistencia y cooperación de fecha 01 de julio del 2008 y el anexo I en donde se fija el pago de la suma de $ 540.000, con un monto mensual de pago de $ 90.000.- por mes, en forma inmediata luego de la firma del convenio,- Esto implica, que los pagos ya se estarían realizando.- Cabe señalar, que la presidenta ha adjuntado fotocopia del estatuto social de fecha 06 de agosto del 2001, pero no ha acompañado la nómina actualizada de los integrantes de la Asociación Ecoambiental, elemento esencial para conocer quienes son sus integrantes.- Asimismo, en un detalle de las datos institucionales con membrete de la Asociación, se hace mención de las inscripciones en AFIP, Dirección de Rentas de Misiones y no hace mención a la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado.- De averiguaciones realizadas, tomamos conocimiento que la solicitud de inscripción en dicho registro se efectuó el 03 de septiembre de 2008, firmada por un apoderado Sr. Mario Ruben Berent, o sea a más de dos meses de la firma del contrato recién se efectuó dicho pedido.- La última pregunta del pedido de informes refiere al proceso de selección llevado a cabo para decidir la contratación de la Asociación Ecoambiental, a lo que Mastandrea contestó, que " la oportunidad y el valor institucional emergente de las acciones que se llevan a cabo en el marco de dicho convenio, fueron puntualmente evaluadas en mi condición de legisladora y titular de la Administración del Poder y las atribuciones que al respecto surgen del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados " sin mencionar artículo alguno. Al respecto, de la lectura y análisis del mismo, no surge normativa alguna que faculte a la Sra Presidenta, en forma unilateral a la firma del convenio, por la suma de $ 540.000.-. Este hecho se asimila, a lo que oportunamente se denunciara respecto de la resolución dictada por Carlos Urlich, como presidente de la Cámara, respecto de la construcción del edificio legislativo, que culminó con el dictamen del Fiscal Paris del Tribunal de Cuentas, quien determinara la nulidad absoluta de la resolución y del proceso.- Por otro lado, debemos mencionar, que en fecha 22 de abril de 2008, la presidenta Mastandrea ha dictado la resolución Nº 610/ 08, por la que integra el Cuerpo de Asesoramiento Legislativo (COPAL) cuya función primordial y esencial es brindar asesoramiento especializado y calificado a la Presidencia, a las Comisiones Permanentes y al Cuerpo Legislativo y en la planilla anexa I que establece el orden de mérito, en el Area Medio Ambiente, figuran: en primer lugar: CASTILLO JORGE ENRIQUE, que como todos sabemos pertenece al Fundación Ambiente Total y en cuarto lugar aparece el Sr. MARIO RUBEN BERENT, quien figurara como apoderado de la Asociación Civil Ecoambiental y entonces nos preguntamos como se compatibiliza esta situación con el contrato firmado ?? De las consideraciones realizadas, surgen posibles irregularidades administrativas, que deben ser investigadas y clarificadas a la sociedad, ya que se trata del manejo de fondos públicos, por lo que hemos solicitado la intervención del Tribunal de Cuentas, a sus efectos.- Dra Alicia Terada Diputada Provincial Bloque ARI

Los choferes de colectivos deberán someterse al control de alcoholemia antes y después de cada viaje

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de Ley para controlar en forma efectiva el nivel de alcoholemia en los conductores de servicios públicos de pasajeros antes y después de cada servicio. La norma tiene como principal objetivo proporcionar a la Dirección de Transporte de la Provincia los instrumentos técnicos y legales para llevar adelante el control y prevención correspondiente, a fin de lograr mayor seguridad en las rutas. La diputada Alicia Terada que fue la autora de la iniciativa comentó que "surgió la inquietud de incorporar el inciso F, al artículo 2º de la Ley Nº 2970 puesto que desde el Bloque ARI se considera que hay una relación directa entre el consumo del alcohol y los accidentes de tránsito, hasta tal punto que, según estadísticas mundiales, aproximadamente el 25% de los mismos se encuentran involucrados conductores con alcoholemia superior a la permitida por las leyes vigentes". Señaló también que "los efectos del alcohol son perniciosos por la modificación que producen en el carácter del conductor como ser aumento de euforia sin medir riesgos, a la vez que decrece la capacidad de reacción. Teniendo en cuenta estos parámetros, la Ley Nacional 24.449 en su artículo 48 prohíbe conducir bajo intoxicación alcohólica, a la cual se adhirió la provincia del Chaco mediante Ley 4.488 que en su artículo 11 estipula que para la conducción de transporte de pasajeros la concentración de alcohol debe ser nula. Como es responsabilidad de la Dirección de Transporte de la Provincia velar por el adecuado funcionamiento del transporte público de pasajeros y de cargas es necesario darle los instrumentos técnicos y legales para llevar adelante su tarea de control y prevención", concluyó.

Judis será investigado por la Justicia Penal

La diputada Alicia Terada solicitó ayer a la Fiscalía Penal en turno de la ciudad de Resistencia que investigue la posible incompatibilidad del cargo del ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente, Omar Judis, con el de supervisor del Comité de Planificación y Control de Gestión de la empresa "Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial" (SECHEEP) al cual accedió en el mes de mayo de 2008. La solicitud de análisis e investigación habría surgido luego de que la Fiscalía de Investigación Administrativa, dictaminara la incompatibilidad de los cargos y solicitara a la empresa estatal SECHEEP la nulidad de las resoluciones que lo designa como supervisor. El dictamen sugiere además vincular el hecho con acciones penales porque se trataría de un delito contra la administración pública. La resolución emitida por la FIA determina que la designación de Judis como supervisor consagra un beneficio a futuro para el funcionario responsable del área, que al término de su gestión como ministro volverá a la empresa de energía en donde es personal de planta permanente pero con un grado escalafonario mayor al que tenía al momento de tomar licencia. Según explica el documento esta situación es incompatible con el desempeño de la función pública teniendo en cuenta además que el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente tiene bajo su directo control y dirección a la empresa SECHEEP. "La resolución 7.906/08 (de designación de Judis) dictada por el directorio de SECHEEP favorece directamente a su superior inmediato con un notorio incremento patrimonial que aunque sea a futuro, crea una suerte de parcialidad que consideramos nula y éticamente inapropiada por parte del directorio de SECHEEP, resolución que el Sr. Ministro en uso de sus facultades debería dejar sin efecto", señala la resolución 1.351 a través de la cual se expidió la FIA. Al tomar conocimiento del dictamen del Fiscal General, Héctor Miró, la diputada del ARI, Alicia Terada decidió realizar una presentación formal ante la Fiscalía penal en turno de la ciudad de Resistencia a los efectos de que se investiguen los hechos enumerados en la resolución de la FIA y se determine si podrían existir acciones tipificadas penalmente. Asimismo la legisladora del ARI solicitó al Fiscal General informe, cuales son las acciones iniciadas a partir del dictamen emitido.

La Fiscalía de Investigación Administrativa instó al Gobernador a cumplir con la Ley de Ética Pública

Luego que la diputada Alicia Terada solicitara la intervención de la Fiscalía de Investigación Administrativa para garantizar el cumplimiento de la Ley de Ética Pública, el organismo de control externo de la provincia decidió iniciar de oficio una causa y solicitar al Gobernador en su condición de jefe de la administración pública a que instruya a todos los organismos públicos, centralizados o descentralizados, empresas del Estado Provincial, Institutos, Administraciones y demás dependencias públicas el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 6.137 de Ética Pública. El requerimiento fue realizado por parte del fiscal general, Héctor Miró por considerar que el Estado vulnera la norma que se encuentra vigente que dispone que “en la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos, no pueden constar nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. Esta Ley que entró en vigencia a partir del mes de octubre de este año es omitida por las autoridades gubernamentales quienes siguen exponiendo –a pesar de la prohibición- la leyenda “gestión Capitanich” en las puertas de las camionetas entregadas recientemente a la empresa estatal SAMEEP, como asimismo en la pagina web de Internet y en diversas obras públicas de todo el territorio provincial. La diputada del ARI, Alicia Terada comentó que el Gobierno tiene pleno conocimiento de la norma, atento a que desde la Cámara de Diputados se han presentado varios proyectos de resolución que han tenido repercusión pública a través de los medios de comunicación, donde se solicita al gobernador que efectivice el cumplimiento de lo que establece la Ley, sosteniendo que “no solamente representa una desobediencia a un mandato legal sino que constituye un mal ejemplo para la ciudadanía a quienes se está fomentando el incumplimiento a las normas que son las que permiten mantener a una sociedad organizada”.