El ARI reclama un Defensor del Pueblo para el Chaco

El Defensor del Pueblo es una Institución que actúa con plena independencia y autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las Leyes; y el control del ejercicio de las funciones administrativas. Por cuarto año consecutivo la diputada Alicia Terada intentará que se efectúe la designación del Defensor del Pueblo del Chaco, tal como lo establece la Constitución Provincial en su artículo 119 inciso 16. Para lograrlo es indispensable que los diputados de las otras bancadas políticas apoyen la iniciativa presentada por Terada que propone una selección mas abierta, participativa y transparente del Ombudsman entendiendo que los únicos beneficiados con esta iniciativa son los ciudadanos, quienes tendrán un espacio y una persona con legitimidad para canalizar sus reclamos e inquietudes ante organismos administrativos y judiciales. La Ley 4.190 en su art. 2 dispone que la función del Defensor del Pueblo es la de peticionar ante el Estado en interés de los habitantes de la Provincia. Su ámbito de competencia abarca a los tres poderes del Estado, a las Municipalidades, entes descentralizados, organismos de defensa y seguridad y entes binacionales y supranacionales. Y el art. 8 del mismo cuerpo legal determina que debe entenderse como “ interés de los habitantes” el que comprende todo aquellos vinculados a la defensa de los derechos constitucionales, individuales, colectivos y difusos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones; así como la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos, sean estos prestados por entes públicos o privados. La duración del mandato del Defensor del Pueblo es de cuatro años y puede ser reelegido por una única vez, debiendo reunir los mismos requisitos que para ser diputado, con las mismas inhabilidades, inmunidades, incompatibilidades y privilegios, no pudiendo ser removido sino por las causales y el procedimiento establecido para el juicio político. La legisladora del ARI resaltó que “efectivizar el nombramiento del Defensor del Pueblo en el Chaco es una necesidad imperiosa y una deuda pendiente que se tiene con la ciudadanía”. Destacó que esta figura “podría abordar diversas problemáticas de sustancial importancia y vigencia para la provincia como ser la falta de seguridad, de provisión de agua, aumentos de energía eléctrica, las demoras en los trámites administrativos y judiciales”. Incluso citó como ejemplo que “ante la carencia del Defensor del Pueblo provincial se tuvo que recurrir al de la Nación, Eduardo Mondino para que intervenga en los casos de muertes de aborígenes sucedidas en el año 2008 y la desnutrición de los pueblos originarios”. La diputada Terada desde su ingreso a la Legislatura Provincial promovió la implementación de la figura del Defensor del Pueblo y estableció, a través de un proyecto de resolución y más tarde uno de Ley, que el mecanismo de elección sea mas abierto y participativo, de manera que cualquier candidato propuesto por si o por organizaciones no gubernamentales, puedan acceder a una audiencia abierta y pública donde sean elegidos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Sin embargo hasta la actualidad no se ha logrado el consenso de los diputados de los otros bloques políticos para agilizar la aprobación y posterior designación del ombudsman. “A pesar de haber escuchado a varios legisladores reconocer a través de los medios sobre la importancia y necesidad de elegir al Defensor del Pueblo, esa actitud no se vio plasmada a la hora de la votación por lo cual el proyecto permanece en la Comisión de Asuntos Constitucionales sin voluntad aparente de que sea tratado. Por esta razón y porque la sociedad reclama su nombramiento se adelantó desde el Bloque ARI que durante el 2009 insistirán nuevamente para que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados, ratificando su postura y el compromiso de impulsar la efectiva designación de la persona con la idoneidad, capacidad, independencia necesarios para desempeñar adecuadamente el cargo.