Terada: “Como Estado se debe garantizar procesos licitatorios transparentes que respeten la legislación vigente y la voluntad popular”

La diputada nacional del ARI-Coalición Cívica, Alicia Terada remarcó la importancia de la función de contralor que tiene el legislador sobre los actos y acciones de los otros poderes del Estado para evitar que se cometan irregularidades que perjudiquen a la ciudadanía. Lo hizo luego de enterarse la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con el proyecto Antequerita el que fue denunciado por el ARI- Coalición Cívica por no cumplir con las reglamentaciones que las leyes de Obras Públicas y de Administración Financiera exigen. “El proceso de licitación para la construcción del casino y Centro integral de entretenimientos estaba viciado de nulidad absoluta desde el inicio del mismo, por querer llevarse adelante sin respetar la legislación vigente”, aseguró la legisladora chaqueña que el 28 de octubre efectuó una presentación en el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades encontradas en el proceso. “Pero resaltamos la decisión del Gobierno Provincial de suspender el proyecto luego de ser advertido sobre las irregularidades en las cuales incurría el mismo”, agregó. Por otra parte considera que “es un buen momento para que el Gobierno -si es que tiene verdaderas intenciones de mejorar la condición de vida de los pobladores del barrio San Pedro Pescador- concrete el proyecto de desarrollo urbano, productivo y turístico propuesto por los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, o bien que inicie las obras de infraestructura como la defensa y de mejoramiento habitacional, para impulsar el afianzamiento en materia productiva, y la conservación de la identidad del pueblo”. Respecto a los incidentes producidos en la audiencia pública realizada ayer, dijo que ve con preocupación como el Poder Ejecutivo “viene implementando una metodología basada en la violencia en todas sus formas para impedir la libre expresión de personas que tienen un pensamiento distinto al del Gobierno”. Brindó como ejemplo la experiencia que sufrió en la audiencia pública por el proyecto de instalación de una planta de arrabio en la localidad de Puerto Vilelas, “en donde el Estado no garantizó la pluralidad de voces y la seguridad de quienes quisieron participar implementando un modus operandus muy similar al de ayer en donde ni siquiera se les permitió el ingreso a los vecinos que se oponían a la iniciativa”, afirmó. Finalmente expresó: “El Estado debe ser gestor de iniciativas transparentes enmarcadas en la normativa vigente, buscadores de consensos y conservadores de la identidad cultural del pueblo que los votó, sin violencia y sin querer imponer su voluntad contra las voluntad popular de los chaqueños”.