Para Terada la situación financiera pone a los fondos de la ANSES en peligro

La Ex Diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI Alicia Terada señaló que "la complejidad de la situación financiera pone a los fondos de la ANSES en peligro" y agregó "con las provincias demandando ayuda a nación para poder sostener los compromisos salariales asumidos luego de días de desborde social, la constante caída de las reservas del Banco Central y los notorios desmanejos de la economía hacen que tengamos que estar alerta ante la posibilidad cercana de que el gobierno nacional decida  nuevamente hacerse de los fondos de la ANSES, la caja más preciada en estos momentos con más de 300 mil millones de pesos"

Terada, que siempre impulsó el uso de los fondos de la ANSES para pagar el 82% móvil a todo el sector pasivo, señaló además que "es insólito, cambian los funcionarios, los ministros, los nombres pero a ninguno se le ocurre otra cosa que no sea echar mano a los fondos jubilatorios, por eso advertimos esta situación grave. Tenemos fundadas sospechas de que en cualquier momento vuelven a crear una letra dolarizada con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para paliar parte de los 30.000 millones de pesos del déficit fiscal actual y lo que es peor, sabemos que estudian también usar los fondos jubilatorios para saldar la deuda con el Club de Paris. Mientras tanto, en medio de esta grave situación, con uno de los índices inflacionarios más altos de los últimos años, a los jubilados y pensionados ni siquiera le otorgan un bono de fin de año, claro, la idea es usar ese dinero para tapar los desaciertos irresponsables de la economía populista. Está claro, acá hubo una fiesta y hoy la pagan los trabajadores y los jubilados"

Por último,  la dirigente del ARI chaqueño llamó a todo el arco opositor  a ser custodios de los fondos de la ANSES "debemos ser responsables y custodiar los fondos jubilatorios, este gobierno hasta ahora demostró que quiere esa caja para la política, para usarla discrecionalmente, para alinear gobernadores e intendentes en el proyecto oficial y que no está dispuesto a pagar el 82% móvil ni a darle el destino correcto a un dinero que se recauda para sostener las jubilaciones actuales y futuras y mejorar la calidad de vida de quienes trabajaron y aportaron durante más de 30 años"

La Coalición Cívica-ARI aclara:

Ante distintas versiones que,  tergiversan los hechos y los motivos por los que la diputada nacional Elisa Carrió de  la Coalición Cívica-ARI realizó una impugnación a los Diputados Nacionales electos que intentan mantener paralelamente otro cargo electivo, algo absolutamente inconstitucional, queremos dejar en claro nuestra posición y responder así a comentarios maliciosos que tienen la clara intención de  confundir a la opinión pública. Por ello,  manifestamos:

1.- Los principios fundacionales del Partido Coalición Cívica-ARI, son el respeto irrestricto a la Constitución, las leyes y las instituciones de la República.

2.- En este marco, tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica de los Municipios establecen la incompatibilidad de una persona que no puede tener dos cargos electivos públicos, ya sean nacionales, provinciales y/o municipales. Las personas que se encuentren en dicha situación, por ejemplo un intendente que todavía tiene mandato y a la vez fue elegido para un cargo de diputado nacional (ejemplos: Martin Insaurralde, Sandro Guzmán, Miguel Ángel Tejedor y otros), DEBEN OPTAR POR UNO U  OTRO CARGO. No basta el pedido de licencia, ya que el cargo les sigue perteneciendo y por lo tanto incurren en incompatibilidad.

3.- Esta incompatibilidad está establecida por las Constituciones: Nacional y Provinciales; como también las leyes orgánicas de cada Municipio. Esto es así,  más allá que, efectuada la impugnación esta podría ser rechazada por la Cámara de Diputados de la Nación,  si priman los intereses partidarios por sobre el respeto a  la Ley.

4.- En el Chaco, tenemos el caso de MIGUEL ANGEL TEJEDOR, quien es intendente de Charata, con mandato hasta el 2015 y es a su vez,  simultáneamente diputado nacional, por lo que esta incurso en incompatibilidad constitucional y legal.  La licencia que,  contraviniendo la ley le han otorgado por más de un año, no lo hace perder el cargo de Intendente.

En consecuencia, el Sr. Miguel Ángel Tejedor de conformidad  con  la Ley Orgánica de Municipios del Chaco y  las Constituciones Nacional y Provincial, deberá optar por seguir ejerciendo el cargo de Intendente de Charata y renunciar a la diputación nacional o bien, ser diputado nacional,  para lo cual debe renunciar a su cargo de Intendente.

Para el caso de que el Sr. Tejedor opte por continuar como diputado nacional, el procedimiento es:

a) RENUNCIAR A LA INTENDENCIA DE CHARATA.-

b) Su reemplazante deberá dentro de los  5 días de notificado convocar a elecciones de nuevo intendente, las que deberán realizarse dentro de los 60 días. Este es el procedimiento que la Constitución y la Ley de Municipios prescribe.

5.- Llama poderosamente la atención que el presidente del Bloque Justicialista haya manifestado ser el " socio político" de Carlos Urinosky (reemplazante de Miguel Tejedor); como así también la posición del resto de los concejales peronistas, quienes han avalado la concesión de la licencia, al no plantear su nulidad, en tiempo y forma.-

6-Nadie que desempeñe cargos en la función pública (Intendentes, concejales, diputados, etc) puede desconocer el derecho y hacer primar sus intereses personales y partidarios por sobre el respeto a la Ley. En todo caso, es el Sr. Tejedor el que debe explicar a la sociedad chaqueña por qué no cumple con lo que la Ley prescribe.

Nada más simple, los afectados en esta incompatibilidad deberán optar por renunciar a su cargo como Intendente o bien renunciar a su banca en el Congreso Nacional. Así lo dice la ley, así tiene que ser. Y es lo que el Partido CC-ARI exige se respete y se cumpla.

                                    COALICION CIVICA ARI                               

Para la Diputada Terada se perdió una década en Educación

La Diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI,  Alicia señaló que,  tras conocerse los magros resultados obtenidos por nuestro país en las pruebas PISA las mediciones internacionales de evaluación educativa de la OCDE, "en Educación la Argentina tuvo una década pérdida" y agregó:  "Volvemos a retroceder en términos de calidad educativa. Como lo venimos haciendo desde 10 años. Si bien es cierto que los países de la región figuran desde el puesto 50 para atrás, tomando como punto de partida las mismas pruebas del año 2000, vemos que Chile, México, Colombia y Brasil mejoraron mientras que nosotros retrocedimos. Es porque en educación esta década se caracterizó solo por el cambio de normativas y de invertir más pero mal, con un sentido populista de distribuir por distribuir. En Brasil y Chile  lo hacen con criterios y estrategias educativas que acompañan la inversión por eso mejoran. Pero en educación, como en otras áreas, a este gobierno le preocupa más el relato que la realidad. Así nos va".

La Legisladora Nacional sostuvo que habría que observar y tomar como ejemplo a Brasil que "en los últimos 20 años incorporó a más de 10 millones de chicos al sistema educativo, sin embargo no decayó la calidad educativa como la argentina que en cambio tiene serios problemas de retención escolar sobre todo en educación media, donde la mitad de los chicos no terminan la secundaria en tiempo y forma y según estas pruebas los que logran cursarla se reciben con serios problemas de comprensión lectora, así es muy difícil que puedan incorporarse al nivel de educación superior o al mercado formal de trabajo. Si vemos que se invierte más, como dice el gobierno, y no vemos resultados positivos, entonces estamos hablando de un fracaso, sencillamente en educación fue una década perdida" y agregó "basta fijarse como los sectores medios abandonaron la escuela pública y se incorporaron lentamente al sector privado. Algo inédito en nuestra historia"

Por último,  Terada dijo que "el Ministro Sileoni parece conformarse con que al resto de los países latinoamericanos tampoco les va tan bien. Eso es una mirada egoísta y parcial de la situación. Hay que empezar reconociendo el grave estado de nuestra educación y construir un proyecto colectivo de educación, donde estén todos los intereses y miradas, la de gobernantes, padres y docentes. Todos tienen algo que aportar, modificando leyes o normas e incrementando la publicidad oficial ya quedó demostrado que es un esfuerzo inútil y que solo sirve para fortalecer el relato. Mientras tanto a nuestros hijos le estamos dando la peor educación. Hay que comenzar ya a cambiar eso"

 

 

Carrió impugnará los diplomas de los diputados electos que ocupen otro cargo electivo

La diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió impugnará los diplomas de los diputados electos que ocupen otro cargo electivo, como es el caso de distintos intendentes que han decidido tomar licencia para asumir su banca. Solicita que no se les tome juramento hasta tanto “no opten debidamente”, entre ocupar la Banca o ejercer la Intendencia.

Para Carrió “el impugnado no podrá prestar juramento, hasta tanto no opte debidamente, a fin de ocupar sólo uno de los dos cargos públicos para los que fuera electo, debiendo reservarse su diploma para ser juzgado en sesiones ordinarias, por incumplir las calidades exigidas por la Constitución Nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 48 en concordancia con los arts. 72, 73 y 105 de la Carta Magna”.

Para Lilita hay “incompatibilidad del cargo de diputado nacional con el de Intendente”. La impugnación de Carrió alcanzaría, por lo menos, a los diputados electos, Sandro Guzman (Intendente de Escobar), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Ricardo Mocero (Coronel Suarez) y Miguel Tejedor (Charata, Chaco).

En la impugnación, Carrió sostiene que “El artículo 72 de la Constitución Nacional dispone que “ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva”. Por otra parte, el artículo 105 —como contratara del artículo 72— prevé que el jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo “no pueden ser senadores ni diputados, sin renunciar previamente a su cargo”; y el artículo 73 dispone que “los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando” y agrega “si bien no surge expresamente de dichos artículos la incompatibilidad existente entre el cargo de diputado nacional y el de intendente de un municipio, lo cierto es que en nuestra Constitución Nacional existen también incompatibilidades implícitas, que si bien no surgen de ninguna ley,  se desprenden del sistema mismo de la división de poderes o de otros principios elementales republicanos”.

“Tal como lo advierte Badeni, las incompatibilidades se extienden también a los cargos del gobierno municipal para ejercer simultáneamente los cargos de intendente municipal y de diputado nacional, haciendo una extensión del artículo 73 a los cargos municipales. En palabras del autor “…las incompatibilidades constitucionales son consecuencia de la doctrina de la separación de las funciones del gobierno. Ninguna persona puede ejercer, al mismo tiempo, cargos ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto en el orden nacional como en el provincial. Incompatibilidades que se extienden a los cargos del gobierno municipal y a las bancas de una convención constituyente, tanto nacional como provincial, como al cargo de interventor federal”, redactó Carrió.

La diputada agregó “surge claramente que nuestra Constitución Nacional establece como una de las incompatibilidades implícitas, las existentes  respecto de los cargos municipales, que en el caso de los Intendentes no pueden asumir el cargo de diputado nacional, mientras continúen ocupando sus cargos de Intendente, incompatibilidad que no queda salvada con una mera licencia al cargo”.

Carrió sostiene que “la Cámara, al momento de ejercer las facultades otorgadas por la Constitución. no debe soslayar un principio tan elemental en un sistema republicano de división de poderes, que se ve ostensiblemente afectado ante la existencia de las incompatibilidades previstas por  la Carta Magna, como también por las constituciones provinciales y las leyes orgánicas de municipios, como correlato del gobierno federal también estatuido por el constituyente”.

Terada: “Los jubilados son víctimas de las políticas populistas del Gobierno”

La Diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI, Alicia Terada manifestó que, tras conocerse la noticia que indica que el Gobierno no piensa pagar un "bono a fin de año" a trabajadores y jubilados, "este anuncio era de esperar dos razones, primero porque está claro que se acabó la fiesta y comenzó el ajuste y segundo porque las elecciones ya pasaron y no hay rédito electoralista inmediato" y agregó: "Esta situación se generó por el estilo populista implantado por este gobierno que no busca la estabilidad del bienestar general sino que nos acostumbró, a lo largo de una década, a esperar por cuenta gotas las dádivas ocasionales que tenían toda la pompa del anuncio presidencial y de modo personalista, típico de los gobiernos populistas".

Terada remarcó que "si este Gobierno no hubiese vetado la Ley que garantizaba el 82% móvil a todos los jubilados hoy no estaríamos expectantes de otro anuncio grandilocuente mostrando la buena voluntad del Gobierno, de esos que buscan congraciar a la Presidenta con la gente que necesita de un dinero extra para poder pasar las fiestas de fin de año de la mejor manera posible, ya que los jubilados estarían cobrando haberes dignos y con plena relación con el mercado formal de trabajo" y agregó: "Es injusto para todos nuestros adultos mayores que tengan que posar sus expectativas en una decisión esporádica y personal en lugar de planificar su vida de acuerdo a un salario acorde a sus necesidades, no nos olvidemos que hoy la jubilación mínima no cubre la mitad de la canasta básica de un jubilado"

Por último, la Diputada Nacional de la CC-ARI reiteró que insistirán en el pedido de la Defensoría de la Tercera Edad para que los jubilados tengan un aumento de $900 en sus haberes  y aseguró que seguirán “luchando desde donde nos toque para hacer realidad el sueño de que nuestros jubilados cobren el 82% móvil y que el dinero de la ANSES sea fundamentalmente para nuestros jubilados y no como nos cansamos de denunciar, sea la caja política de un Gobierno más preocupado en sostener una fuerza electoral competitiva que en gobernar para todos los argentinos". En este sentido, y refiriéndose a los fondos de la ANSES,  Terada recordó que "esta semana volvieron a utilizar los Bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por 500 millones de pesos para enfriar el precio del dólar. Existen innumerables ejemplos de este tipo".

Terada rechaza el proyecto del Ejecutivo sobre responsabilidad del Estado y sus agentes

La Coalición Cívica-ARI rechaza la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional por cuanto de su articulado se desprende que lo que se pretende consagrar es la “irresponsabilidad de Estado Nacional y de sus funcionarios públicos violando la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que firmara nuestro País y los principios del Derecho”. A su vez, considera que  de aprobarse el dictamen de mayoría sobre Unificación del Código Civil y Comercial “se generaría un vacío legal que por expresa disposición del proyecto, no podría ser llenado con la aplicación, ni siquiera supletoria, de las reglas de responsabilidad civil”.

La Diputada Nacional por la CC-ARI, Alicia Terada adelantó que rechazarán el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y anticipó que presentaron una iniciativa legislativa alternativa con su par, Elisa Carrió  con el objetivo de “reglamentar ese derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto el Estado argentino se ha comprometido a garantizarle a las personas, la posibilidad de perseguir judicialmente, una indemnización del daño sufrido como consecuencia de acciones u omisiones del  Estado y sus agentes”.

Terada explicó que “se trata de regular una materia que sin dudas es Derecho de fondo, aplicable en todo los casos, respecto de las consecuencias dañosas que pudieran generar por un lado, la actividad ilegítima del Estado Nacional, y los Estados provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipales; y las acciones u omisiones ilegítimas de sus agentes en ejercicio o en ocasión de sus funciones”, asegurando que  “este recurso efectivo obliga al Estado como correlato necesario de la efectiva vigencia de esos derechos, a la reparación  integral por los daños causados por su actividad ilegítima o la de sus funcionarios, tanto por acción, omisión o control irregular de las concesiones o contrataciones otorgadas en materia de servicios públicos”.  Y remarcó: “El derecho a reclamar judicialmente dicha reparación integral, como todo derecho reparatorio en la faz extracontractual, resulta correlato del deber de “no dañar” al que también se encuentra subordinado el Estado y sus agentes, en un Estado de Derecho. Es decir que, para establecer sus alcances, partimos desde los derechos de los individuos reconocidos por la comunidad internacional y tutelados por nuestra propia Constitución Nacional, y no desde la mirada del Poder”.

Terada señaló que “el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en nuestro país, proviene de la Constitución Nacional, en sus artículos 16, que reconoce la igualdad ante la ley; 17, que establece la inviolabilidad de la propiedad; y 100, que se refiere a la posibilidad de demandar al Estado sin ninguna prerrogativa. Siendo ampliada posteriormente, mediante la incorporación de normas como las previstas en los artículos 36, 41, 42 y el citado 75 inc. 22 C.N”.

“Los agentes públicos y el Estado responden de manera concurrente por los daños causados por el ejercicio irregular de las funciones de aquellos. El particular damnificado deberá iniciar su demanda indemnizatoria contra ambos, salvo que no fuese posible identificar a los agentes públicos intervinientes. En este último supuesto, la responsabilidad del Estado no se encuentra condicionada a la identificación de los agentes que participaron en la acción u omisión dañosa”, expresó la Diputada Nacional.

Terada destacó la importancia de esta norma que introduce el proyecto alternativo presentado conjuntamente con Carrió sosteniendo que reside “en promover que los funcionarios responsables de los daños provocados a las personas por su actuar ilegítimo o ilícito, sean demandados conjuntamente con el Estado. Así, la justicia podrá establecer las responsabilidades de los distintos agentes estatales en cada hecho dañoso, y las personas perjudicadas no sólo podrán ejecutar sus indemnizaciones en contra del Estado, sino también, en contra de todo funcionario responsable que tuviera patrimonio suficiente para responder” aclarando que de esta forma “no se diluyen las responsabilidades de los funcionarios ante sus actos ilícitos, respecto de los cuáles ya son serán impunes desde el aspecto civil. Adviértase que en donde la justicia penal no ha sido eficiente, la justicia civil puede hacer responsables patrimonialmente, a los funcionarios corruptos del daño ocasionado a la sociedad”.

Al referirse al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, desde la Coalición Cívica-ARI advierten que “el artículo 6° del proyecto que el oficialismo busca aprobar, no deja lugar a dudas al establecer, sin más, que “El Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal…”. Excluyendo la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento del irrenunciable deber de contralor que debe ejercer”. Asimismo, la Diputada Nacional señaló que en el proyecto del Ejecutivo “se reducen todos los plazos de prescripción a 2 años, tanto para demandar al Estado como a los funcionarios, como para la acción de repetición que tiene el Estado en contra de sus agentes”.

Ante esta situación, desde la Coalición Cívica-ARI consideran que “de aprobarse el dictamen de mayoría sobre Unificación del Código Civil y Comercial se generaría un vacío legal que por expresa disposición del proyecto, no podría ser llenado con la aplicación, ni siquiera supletoria, de las reglas de responsabilidad civil.

“Creemos que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo pretende se sancione con una notoria premura, se empecina en destacar en la necesidad de que el daño invocado por los perjudicados (tanto como consecuencia de actividad e inactividad ilegítima del Estado como por actividad legítima del mismo) debe ser debidamente acreditado y “mensurable en dinero”. Lo que claramente, excluye el daño moral como rubro indemnizable, del que no es necesario probar actualmente, ni la existencia, ni su extensión”, sostuvo  Terada.

Por ello, la Legisladora Nacional adelantó que “desde la Coalición Cívica-ARI no sólo propiciarán el rechazo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre responsabilidad del Estado que ha enviado a esta Parlamento para su tratamiento, sino que harán la presentación de su propia propuesta  que reglamenta el derecho al recurso efectivo previsto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en consonancia con el resto del corpus constitucional de derecho”.

Terada criticó al Indec por datos sobre pleno empleo en Resistencia

"Que el INDEC diga que en Resistencia existe pleno es más que una mentira, es una falta de respeto al pueblo chaqueño”, dijo Alicia Terada. La Diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI, Alicia Terada cargó duramente contra el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) y el Gobierno provincial de Chaco, luego que se dieran a conocer datos estadísticos que señalan que en la capital chaqueña existe el pleno empleo.

"Desde que gobierna el kirchnerismo, cada vez que el INDEC anuncia un dato estadístico automáticamente nos preparamos a escuchar una mentira y es que permanentemente hacen honor a su falta de credibilidad. Ahora pretenden hacernos creer, a través de un estudio recién presentado, que en Resistencia existe el pleno empleo. Es que nuevamente vuelven a medir como empleados a los beneficiarios de planes sociales, situación que no destaca ni separa en las primeras líneas de su presentación a la prensa", dijo Terada y agregó: "Buscan generar un impacto positivo con claras intenciones de beneficiar Capitanich en su nuevo rol de Jefe de Gabinete. Lamentablemente la realidad contrasta seriamente con esta intención, y digo que es lamentable porque como todo chaqueño quisiera creer que alguna vez mi provincia goce de los beneficios de la ocupación legítima y constante"

Terada manifestó que no hay que olvidar que "en el Chaco, según el Centro de Estudio Centro Mandela, existe una población económicamente activa de alrededor de 380.000 ciudadanos de los cuales 50.000 son empleados públicos provinciales pero si contamos los empleados plenos, los contratados, becados y otros trabajos precarizados el número asciende a 83.000, a eso hay que agregarle unos 20.000 empleados de los municipios, es decir que el 30% del sector activo trabaja para el estado. Información no desmentida por el gobierno del Chaco", y remarcó que “en su provincia existe  una notoria falta de inversión de capital privado y emprendimientos que generen productividad y empleo genuino”. “Todos los sectores económicos y representantes sociales conocen esta realidad y la hacen pública de manera permanente", apuntó la Legisladora Nacional.

Terada sostuvo que "basta conocer la situación social de gran parte de los núcleos habitacionales de Gran Resistencia y de muchas ciudades para darse cuenta que anuncios como este no hacen más que hacernos creer que el INDEC y Capitanich le toman el pelo a los chaqueños" y señaló por último "parece ser que la designación de Capitanich traerá consigo una serie de mentiras sobre la realidad de los chaqueños, quieren mostrar esta provincia como un ejemplo de buena administración y realmente está muy lejos de serlo"

Terada dijo que “es imprescindible otorgar ya un aumento significativo a los jubilados”

La Diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI,  Alicia Terada dijo que "es imprescindible otorgar ya un aumento significativo a los jubilados" y agregó: "La mejor propuesta es la realizada por la Defensoría de la Tercera Edad que la semana pasada pidió aumentar en $900 las jubilaciones"

En este sentido, Terada expresó que el aumento debe "ser considerable y por encima de la media con la cual se ajustan las jubilaciones basadas en un cálculo que nunca es bien explicado por las autoridades porque desconocemos las variables que se toman para llegar a él, lo que sí sabemos es que la canasta de un jubilado ya alcanza los $4885 mensuales prácticamente el doble de los $2477 que cobran el 75% de los jubilados en el haber mínimo" y agregó: "Nos viven diciendo, casi tomándonos el pelo, que con poco más de $6 por día podemos comer y un jubilado está necesitando no menos de $162 diarios para al menos tener una vida digna. Es por eso que hacemos énfasis en solicitar al gobierno nacional que otorgue un aumento de emergencia a todos los jubilados y como coincidimos con el cálculo y la proyección realizada por la Defensoría de la Tercera Edad es que apoyamos el pedido de la semana pasada de incrementar en $900 las jubilaciones".

Por último, la Diputada Nacional se refirió a la asunción de las nuevas autoridades en Economía y auguró que tengan una mirada especial hacia los jubilados.  "Hoy asumen nuevas autoridades en Economía, espero que tengan la sensibilidad que no tuvieron sus antecesores y atiendan esta demanda legítima de los jubilados que con el correr de los días se está haciendo mucho más grave porque sus ingresos son absolutamente insuficientes", dijo Terada. 

Para Terada la perdida de reservas del Banco Central pone en peligro los fondos de la ANSES

La Diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI,  Alicia Terada  afirmó  que "la pérdida constante de reservas del Banco Central pone en peligro los fondos de la ANSES ya que no sería la primera vez que el Gobierno Nacional toma fondos de los jubilados para tapar los agujeros fiscales haciéndole adquirir bonos" y agregó: "Es por eso que hace años en el ARI-Coalición Cívica insistimos que los fondos de la ANSES deben ser para los jubilados, específicamente pagando el 82% móvil para que de esa manera tanto este gobierno como los que lo sucedan tengan que terminar con la tentación de usar a la ANSES discrecionalmente como caja poli funcional para todos las políticas y proyectos que no tengan financiación de origen"

La Diputada Nacional advirtió esta situación al conocerse hoy datos que indican que luego de las elecciones el Banco Central pierde más de 5 millones de dólares por hora lo que está mostrando una alarmante caída de sus reservas.  "Ante este escenario no sería muy ilógico que estén pensando en emitir bonos nuevamente, ya lo hicieron con los Discount y el Bono para YPF, que obligarían a la ANSES a tomarlos con el fin de capitalizar al tesoro, cubriendo los desaciertos de la política económica, pero que perjudicarían la estabilidad de los fondos previsionales", dijo Terada y  remarcó: “Una situación como está aleja cada día más la posibilidad de mejorar ostensiblemente los haberes jubilatorios como venimos pidiendo hace años los que logramos sancionar la Ley del 82% móvil que fuera injustamente vetada por la presidenta" y dijo además que "luego nos tildan de irresponsables a quienes queremos mejorar la vida de los jubilados mientras que ellos se la pasan rifando esos fondos"

Por último,  Terada señaló que "la economía atraviesa una situación delicada, las provincias están endeudadas y dependen cada día más del centralismo perverso que, a manera de dádiva o de intercambio de favores políticos, ha logrado imponer el kirchnerismo, además la inflación hace mella en el poder adquisitivo de los trabajadores y mucho más en los jubilados ya que el haber mínimo no cubre ni la mitad de la canasta básica, es por eso que debemos ser serios y pararnos con firmeza ante los manotazos irresponsables de un gobierno que siempre ante situaciones delicadas no dudó en tomar los fondos de los jubilados para cubrirse y patear la pelota hacia adelante, mientras tanto los jubilados siguen siendo los postergados del modelo que ni siquiera pueden cobrar sus deudas previsionales con fallos favorables de la justicia a la que el gobierno ignora constantemente"

La Coalición Cívica-ARI expresa su preocupación por levantamiento de programa radial

La Coalición Cívica-ARI expresó su preocupación por la violación de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa tras el levantamiento del programa radial de Felipe Rojas, que se transmite hace más de 28 años, por Radio Chaco y  manifestó su solidaridad con el mismo.  El hecho se habría producido el pasado sábado 19 de octubre. Por disposición de las nuevas autoridades de la emisora, en la persona, en la persona de quien dice ser su director general, Martín Rodríguez Flores,  Rojas fue notificado del cese de su participación en Radio Chaco y por la razón de ser afiliado al Partido Radical.

“En momentos en que el Gobierno Nacional hace público, en cuanto ocasión tiene, el valor de la Ley de Medios y la importancia que debe tener su total aplicación, nos preguntamos qué participación ha tenido el AFSCA en el supuesto cambio de titularidad de LRH 251 Radio Chaco AM 740 y  Chaco FM 101.5, de propiedad de Radiodifusora del Nordeste S.A  al multimedio ARTEARGENTINA S.A, titular también de ARTEARGENTINA. COM, ARTEARGENTINA TELEVISION y revista ARTEARGENTINA, siendo representado dicho multimedia por el Sr. MARTIN RODRIGUEZ FLORES, quien se presentó como director general de la emisora”, manifestaron desde la CC-ARI  y agregaron: “según versiones periodísticas, RADIO ARTEARGENTINA, en los últimos años, fue beneficiada con emisoras en las siguientes ciudades: Resistencia, Posadas, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 9 de Julio, Santiago del Estero, Santa Fé, La Plata, Tres Arroyos, entre otras”.

Por otra parte, desde la Coalición Cívica-ARI consideraron que “es importante que el Gobernador, Jorge Milton Capitanich, como presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual informe a la comunicada chaqueña cuál ha sido el trámite dado a la operación de cambio de titularidad de Radio Chaco y si se han cumplido con todos los procedimientos legales y los requisitos establecidos por la Ley de Medios”. Y remarcaron: “Recordamos que el presidente del AFSCA, Martín Sabatella ha estado en nuestra provincia hace un mes aproximadamente, por lo que suponemos se encuentra informado de esta transferencia, aunque, no se comunicado la existencia la misma”.

“Los que creemos y trabajamos por la libertad de expresión lo hacemos sabiendo que, para garantizar ese derecho, es imprescindible sostener en los medios de comunicación una constante pluralidad de voces e ideas que permitan a la sociedad poder elegir, coincidir y disentir con las mismas. Lamentablemente estamos asistiendo a una etapa donde lo "partidario" parece ser prioritario ante lo público, así lo demuestran los contenidos exageradamente oficialistas de los medios públicos de comunicación y actitudes como la que estamos denunciando parecen indicar que se trata de una política autoritaria que no tiene límites y que puede lesionar los derechos ciudadanos”, aseguraron desde la Coalición Cívica-ARI.