Terada rechaza el proyecto del Ejecutivo sobre responsabilidad del Estado y sus agentes

La Coalición Cívica-ARI rechaza la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional por cuanto de su articulado se desprende que lo que se pretende consagrar es la “irresponsabilidad de Estado Nacional y de sus funcionarios públicos violando la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que firmara nuestro País y los principios del Derecho”. A su vez, considera que  de aprobarse el dictamen de mayoría sobre Unificación del Código Civil y Comercial “se generaría un vacío legal que por expresa disposición del proyecto, no podría ser llenado con la aplicación, ni siquiera supletoria, de las reglas de responsabilidad civil”.

La Diputada Nacional por la CC-ARI, Alicia Terada adelantó que rechazarán el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y anticipó que presentaron una iniciativa legislativa alternativa con su par, Elisa Carrió  con el objetivo de “reglamentar ese derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto el Estado argentino se ha comprometido a garantizarle a las personas, la posibilidad de perseguir judicialmente, una indemnización del daño sufrido como consecuencia de acciones u omisiones del  Estado y sus agentes”.

Terada explicó que “se trata de regular una materia que sin dudas es Derecho de fondo, aplicable en todo los casos, respecto de las consecuencias dañosas que pudieran generar por un lado, la actividad ilegítima del Estado Nacional, y los Estados provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipales; y las acciones u omisiones ilegítimas de sus agentes en ejercicio o en ocasión de sus funciones”, asegurando que  “este recurso efectivo obliga al Estado como correlato necesario de la efectiva vigencia de esos derechos, a la reparación  integral por los daños causados por su actividad ilegítima o la de sus funcionarios, tanto por acción, omisión o control irregular de las concesiones o contrataciones otorgadas en materia de servicios públicos”.  Y remarcó: “El derecho a reclamar judicialmente dicha reparación integral, como todo derecho reparatorio en la faz extracontractual, resulta correlato del deber de “no dañar” al que también se encuentra subordinado el Estado y sus agentes, en un Estado de Derecho. Es decir que, para establecer sus alcances, partimos desde los derechos de los individuos reconocidos por la comunidad internacional y tutelados por nuestra propia Constitución Nacional, y no desde la mirada del Poder”.

Terada señaló que “el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en nuestro país, proviene de la Constitución Nacional, en sus artículos 16, que reconoce la igualdad ante la ley; 17, que establece la inviolabilidad de la propiedad; y 100, que se refiere a la posibilidad de demandar al Estado sin ninguna prerrogativa. Siendo ampliada posteriormente, mediante la incorporación de normas como las previstas en los artículos 36, 41, 42 y el citado 75 inc. 22 C.N”.

“Los agentes públicos y el Estado responden de manera concurrente por los daños causados por el ejercicio irregular de las funciones de aquellos. El particular damnificado deberá iniciar su demanda indemnizatoria contra ambos, salvo que no fuese posible identificar a los agentes públicos intervinientes. En este último supuesto, la responsabilidad del Estado no se encuentra condicionada a la identificación de los agentes que participaron en la acción u omisión dañosa”, expresó la Diputada Nacional.

Terada destacó la importancia de esta norma que introduce el proyecto alternativo presentado conjuntamente con Carrió sosteniendo que reside “en promover que los funcionarios responsables de los daños provocados a las personas por su actuar ilegítimo o ilícito, sean demandados conjuntamente con el Estado. Así, la justicia podrá establecer las responsabilidades de los distintos agentes estatales en cada hecho dañoso, y las personas perjudicadas no sólo podrán ejecutar sus indemnizaciones en contra del Estado, sino también, en contra de todo funcionario responsable que tuviera patrimonio suficiente para responder” aclarando que de esta forma “no se diluyen las responsabilidades de los funcionarios ante sus actos ilícitos, respecto de los cuáles ya son serán impunes desde el aspecto civil. Adviértase que en donde la justicia penal no ha sido eficiente, la justicia civil puede hacer responsables patrimonialmente, a los funcionarios corruptos del daño ocasionado a la sociedad”.

Al referirse al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, desde la Coalición Cívica-ARI advierten que “el artículo 6° del proyecto que el oficialismo busca aprobar, no deja lugar a dudas al establecer, sin más, que “El Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal…”. Excluyendo la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento del irrenunciable deber de contralor que debe ejercer”. Asimismo, la Diputada Nacional señaló que en el proyecto del Ejecutivo “se reducen todos los plazos de prescripción a 2 años, tanto para demandar al Estado como a los funcionarios, como para la acción de repetición que tiene el Estado en contra de sus agentes”.

Ante esta situación, desde la Coalición Cívica-ARI consideran que “de aprobarse el dictamen de mayoría sobre Unificación del Código Civil y Comercial se generaría un vacío legal que por expresa disposición del proyecto, no podría ser llenado con la aplicación, ni siquiera supletoria, de las reglas de responsabilidad civil.

“Creemos que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo pretende se sancione con una notoria premura, se empecina en destacar en la necesidad de que el daño invocado por los perjudicados (tanto como consecuencia de actividad e inactividad ilegítima del Estado como por actividad legítima del mismo) debe ser debidamente acreditado y “mensurable en dinero”. Lo que claramente, excluye el daño moral como rubro indemnizable, del que no es necesario probar actualmente, ni la existencia, ni su extensión”, sostuvo  Terada.

Por ello, la Legisladora Nacional adelantó que “desde la Coalición Cívica-ARI no sólo propiciarán el rechazo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre responsabilidad del Estado que ha enviado a esta Parlamento para su tratamiento, sino que harán la presentación de su propia propuesta  que reglamenta el derecho al recurso efectivo previsto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en consonancia con el resto del corpus constitucional de derecho”.