Aerochaco le costó a la Provincia $21 millones hasta agosto

El Bloque ARI da a conocer el informe sobre Aerochaco que la Fiduciaria del Norte envió a la Cámara de Diputados por solicitud de la diputada Alicia Terada. La línea aérea Provincial no alcanza a cubrir ni siquiera los costos básicos de operaciones por horas de vuelos y se presume que continuará así por 10 meses más. A nueve meses de comenzar a volar Aerochaco, la Fiduciaria del Norte S.A transfirió a la cuenta de la firma Mac Air Jet S.A. del Banco Galicia la suma de 21 millones de pesos en cumplimiento al compromiso asumido con la empresa de Franco Macri, por el bajo porcentaje de venta de pasajes y para cubrir los gastos operativos. De acuerdo a lo manifestado por la Fiduciaria del Norte a la diputada del ARI, Alicia Terada “Los pagos efectuados a la firma Mac Air corresponden en su totalidad a cancelaciones de facturas o notas de débito originadas por los compromisos de horas block, recupero de combustible y recupero de gastos de comercialización (sueldos, servicio de call center, tasas de embarque, permisos, locaciones, comisiones, agencias, etc). Asimismo y como conceptos extraordinarios se han recibido las facturaciones de recupero de los gastos correspondientes al Star up del proyecto conforme a pautas contractuales e incorporación del segundo avión”. El acceso al libro mayor por cuentas del fideicomiso Aerochaco, le permitió a la legisladora del ARI, comprobar las transferencias bancarias realizadas desde la cuenta del fideicomiso Aerochaco (NBChaco), hacia las cuentas de la firma Mac Air Jet S.A del Banco Galicia. La primer transferencia que consta fue realizada el 9 de diciembre de 2008 por una suma de $ 5.458.396,46 en concepto de recupero de gastos de inversión del proyecto. En igual sentido el 14 de abril de 2009 se pagaron $1.400.00,00 por mínimo de horas de vuelo. En julio fueron 700.000,00 por pago a cuenta del saldo y en agosto 100.000,00. Sin embargo también existen pagos parciales y por cancelación de facturación, cheques cobrados por Mac Air Jet y posdatados, entregados a cuenta que aún no están vencidos, que rondan la suma de $14.565.003,74, durante todos los meses del año 2009. De las constancias del libro mayor por cuentas, remitidas por la Fiduciaria, da al 11 de agosto de 2009 un total de $ 20.963.400,20 de lo transferido a la empresa Mac Air Jet S.A. perteneciente al Grupo Macri. Por otra parte señaló que no se cumplen el sistema de conexiones que fue anunciado en momentos de la inauguración de los vuelos donde figuraban Chile, Antofagasta - Salta – Resistencia - Iguazú - Buenos Aires. Brasil, Buenos Aires – Córdoba – Resistencia - Sao Paulo y conexiones domésticas a Buenos Aires – Resistencia, Resistencia – Sáenz Peña – Reconquista – Formosa. Como así tampoco consiguieron sumar a otras ciudades como Santa Fe y Rosario que también lo habían anunciado. Que a casi un año de los anuncios solo funcionan las rutas Buenos Aires – Resistencia, Córdoba y Sáenz Peña. Manteniendo el optimismo el presidente de la Fiduciaria del Norte dice que “se está cercano a lograr el punto de equilibrio para cubrir los gastos y que para lograrlo solo es necesario obtener, por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación, las pertinentes habilitaciones de tráfico internacional para vuelos no regulares (charters), actualmente en arduas gestiones”. “La intervención inteligente del Estado”, como lo habían calificado desde el Gobierno a la operatoria, aparentemente no alcanza a cubrir las expectativas esperadas, y eso se desprende de los números oficiales enviados por la Fiduciaria del Norte, donde claramente se vislumbra que mensualmente el Gobierno del Chaco está transfiriendo dinero o pagando cheques por sumas que rondan los 2 millones de pesos”, manifestó Terada. “El esquema de garantía flotante por un coeficiente de ocupación, es aparentemente una inversión poco rentable para la provincia del Chaco”, dijo la diputada nacional electa explicando que “ese dinero que se está utilizando para sostener una línea aérea que demanda altos costos para el Chaco, podría utilizarse para solucionar problemas concretos que afectan directamente a la población chaqueña como la pobreza, indigencia, desnutrición, la falta de agua potable en localidades del interior y la sequía, entre otros”.

Giran $21 millones a la empresa que trajo el avión para Jaime

TEMA DEL DOMINGO: LA SOMBRA DE LA CORRUPCION El ex secretario de Transporte le otorgó a la firma Macair un permiso para volar la línea Aerochaco. Es la empresa que le había facilitado el Lear Jet que usó cuando era funcionario. La habilitación fue irregular. Las crónicas judiciales dicen que el ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, está siendo investigado por usar aviones privados de empresas a las que debía controlar. Lo que se ignoraba hasta ahora, es que la empresa que le facilitó el más importante de esos aviones es la misma que, gracias a la firma de Jaime, recaudó en lo que va del año 21 millones de pesos por volar una aerolínea aprobada en forma irregular. Se la puede ver como una trama compleja, cuyos engranajes son sociedades, nombres fantasma y contratos más o menos privados. Pero también se la puede presentar como la sencilla historia de la firma de un secretario de Estado, con la que dio lugar a una línea aérea provincial con ambiciones desmedidas. En Aerochaco está el secreto. Aerolínea provincial quebrada en los años 80, fue recuperada en octubre de 2008 y se proyectó en el imaginario del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, como la línea de bandera del Mercosur. Sólo que, según la documentación a la que accedió Clarín, ese sueño parece el argumento moral para un negocio formidable y sin riesgos a favor de una empresa privada y a costa del Estado. Entre diciembre de 2008 y el 13 de agosto pasado, la provincia de Chaco giró 20.963.400 pesos a favor de la firma Macair Jet, administradora exclusiva de Aerochaco, por mantener y hacer volar dos aviones MD-87 -para 112 pasajeros cada uno- por ahora en vuelos diarios entre Buenos Aires y Resistencia, y en ocasiones entre Resistencia y Córdoba. Esos giros surgen de información oficial aportada por el gobierno de Chaco a la diputada del ARI chaqueño, Alicia Terada. La proyección del negocio supone que esos giros de dinero serán todavía mayores, ya que el contrato le asegura a Macair ganancias, y al Estado provincial, desembolsos. Hasta ahora, según la propia Aerochaco, los ingresos por venta de pasajes no alcanzan para cubrir ni la mitad de los giros. A Macair le pagan todo. Los pasajes completos -aunque el avión vuele vacío-, los sueldos del personal, los seguros, la atención de los pasajeros en tierra, el combusible, el mantenimiento del avión y los respuestos, según surge del acuerdo de partes firmado el 26 de noviembre del año pasado. "Es por lo menos un muy mal negocio para la provincia", dice Terada. Los actores del reparto son bien conocidos. Macair es una firma del Grupo Socma, que dirige el empresario Franco Macri. Ricardo Jaime, el hombre que habilitó los vuelos de Aerochaco y Macair, era una de las manos mimadas del ex presidente Néstor Kirchner hasta que debió renunciar, en los primeros días de agosto, por los escándalos de corrupción que lo salpican. De Capitanich se sabe: es uno de los gobernadores predilectos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y administra una de las provincias más pobres del país, según reconoce el INDEC. El negocio, claro, es hijo del permiso que habilitó los vuelos, a pesar de que la ruta Resistencia-Buenos Aires ya la cubre Aerolíneas Argentinas, hoy con dos y hasta tres vuelos diarios. Las gestiones de Macair ante la Secretaría de Transporte se iniciaron en mayo de 2008, pero recién prosperaron en el verano pasado. Casualidad, coincidencia o como se quiera llamarlo, la firma de Jaime llegó junto a otra gestión, la de uno de los directores de Macair, Carlos Colunga, quien se ocupó de traer al país un Lear Jet 31, con patente de Estados Unidos N786YA. Ese avión fue usado por Jaime en reiteradas ocasiones -todavía se investiga cuántas- para hacer viajes al interior del país (él es de Córdoba) y a Brasil, donde tiene a parte de su familia. Consultado por Clarín, Colunga negó la vinculación de un hecho con otro. "A mí Jaime no me quería nada, y me dio esa ruta porque no tenía otro remedio", sostiene. Colunga también dijo desconocer una carta que el presidente de su empresa, Leonardo Maffioli, le envió a Jaime en esos días. Esa carta, que se publica en esta edición, ruega la autorización para que se le habiliten rutas y vuelos a Macair. En la nota, Maffioli le asegura a Jaime que el negocio puede significar una facturación de 50 millones de dólares al año. Para ganar tanto dinero, sólo su firma. La respuesta llegó en febrero pasado. Jaime firmó una resolución y otorgó a Macair y a Aerochaco un "permiso provisorio" para volar rutas regulares dentro del territorio argentino. Sólo que ese trámite fue irregular, porque sorteó una de las obligaciones de los procesos de concesión de rutas aéreas, nada menos que la audiencia pública en donde se evalúan costos y beneficios. En las audiencias, además, los organismos de control y los demás actores del mercado aeronáutico pueden revisar de qué se trata lo que está por firmarse. Colunga, el directivo de Macair, intenta descalificar esa falta diciendo que "es un permisito para un vuelo que nadie quiere". Pero la irregularidad fue reconocida a Clarín por voceros de la Secretaría de Transporte. "Macair ya tenía una autorización para otros vuelos y lo que se hizo fue extenderla. De todos modos la intención es regularizar la situación", explicaron. El Secretario de Transporte que reemplazó a Jaime es Juan Pablo Schiavi, quien, según comprobó la Justicia, también usó el misterioso avión con patente estadounidense. ¿Corregirá él la situación? Las sospechas giran alrededor de Jaime y su poder de firma, capaz de generar millones. Una pesquisa de quien era fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, comprobó que Jaime usaba, desde 2006, distintos aviones privados para moverse dentro del país y rumbo a Brasil. Muchos de esos aviones eran de empresas a las que debía controlar, y no todas le cobraban por el servicio. En la denuncia de Garrido, realizada en febrero pasado, se incluyó a Macair, dueña de más de diez aviones, como una de las empresas que ponía naves para los vuelos de Jaime. En teoría, esos sí eran vuelos que el Gobierno pagaba. Algo cambió en el verano. Acaso fue una señal de alerta por la investigación de Garrido, pero lo cierto es que Jaime dejó de usar los aviones que acostumbraba. De repente, se lo vio a bordo de un Lear Jet, el de patente de Estados Unidos. Clarín accedió al contrato entre el vendedor de ese avión, el Banco de Utah, y el comprador, una firma llamada Pegasus Equity Investments, con sede en Costa Rica. El contrato fue firmado el 24 de diciembre de 2008 en Estados Unidos y en su tercera página, en el punto referido al "Operador", se establece que el Lear "será explotado en la Argentina por la firma Macair Jet S.A." (ver Documentos). También se establecían las cuotas con las que sería pagado el avión, en total a un valor 3.482.025 dólares. Como la firma Pegasus parece más bien una pantalla -un albañil figura como uno de sus dueños- la Justicia comenzó a investigar si en realidad el avión no es de Jaime. ¿O es acaso de Macair? ¿O es un regalo de Macair a Jaime? De ninguna manera. Yo sólo di una mano para que lo trajeran, pero nunca volé ese avión-, jura Colunga. ¿Por qué Macair figura como el operador exclusivo del avión? No sé, a mí nadie me pidió permiso para eso. Si lo pusieron en el contrato fue sin consultarme. Colunga declaró en la causa judicial que investiga los vuelos de Jaime, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. En julio, en el primero de sus tres testimonios, admitió haber colaborado en traer el avión al país -dijo que había conseguido los pilotos- y que lo hizo a pedido de Julián Vázquez, hijo de Manuel Vázquez, un lobbista que trabajaba para Jaime y compartió con él varios de los viajes investigados. Los caminos de la Justicia están, ahora, en eso: en la senda del Lear Jet de patente estadounidense y de la firma Pegasus. Ajena al trajín de los despachos judiciales, la pobre Chaco ve llegar y salir, día a día, a un avión para 112 pasajeros. El cartel de Aerochaco en su fuselaje, no alcanza para tapar una historia de intrigas y sospechas. Por Gerardo Young Publicado en clarin.com

Transferencia irregular de Tierras: Solicitan derogación de la Ley 6145

La diputada del ARI Alicia Terada solicitó esta mañana la derogación de la Ley 6145, que autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar recursos para la conformación de un “campo de investigación, experimentación y desarrollo del cultivo del arroz, y además transfiere a la Asociación de Productores de Arroz un predio ubicado en la parcela 420, del Campo Las Palmas, Departamento Bermejo. Además reclama para que estas tierras sean destinadas a los pequeños productores de la zona de acuerdo a lo estipulado por la Ley. El pedido se efectuó en una conferencia de prensa, desarrollada en la Cámara de Diputados, de la cual también participaron Juan Álvarez Secretario de la Producción de la Federación Económica del Chaco, Ángel Machuca presidente de la Unión DE Pequeños Productores Chaqueños (UNPEPROCH), Elian Jovanovich miembro de Federación Económica del Chaco, Azucena Escobar Secretaria del Bloque ARI, Rafael Kadlec Concejal del ARI y Pequeños productores de Las Palmas. Análisis de las irregularidades La legisladora nacional electa explicó que las irregularidades se configuran por dos razones. Por un lado porque la Asociación de Productores de Arroz funcionaba de manera irregular por tener a sus directores con mandatos vencidos y por no presentar balances durante 9 años. Y por el otro porque las tierras que fueron transferidas debían cumplir con la condición especifica de ser otorgadas a pequeños productores de la zona, requisito que se ha incumplido. Continuó diciendo que “La parcela 420, es parte del ex lote 311. Este lote que está ubicado en Campo Las Palmas, pertenecía al ex Ingenio de Las Palmas y fue vendido por la Nación a través de compra directa a la Provincia del Chaco, en el año 1995 por Ley 4243. Posee una superficie de 753 has. está asentado en el Registro de la Propiedad Inmueble desde el año 2000 con matricula Nº 2313. En la transferencia que la Nación hace a la provincia, instituye como condición esencial que: “La Compradora queda obligada a destinar el inmueble a un plan de Colonización Rural, mediante la transferencia del bien, según la solicitud de la Unión de Pequeños Productores Chaqueños”. Con fecha 1 de noviembre del año 2007 se aprobó el plano Nº 2-21-07, de subdivisión, la condición establecida permanece, según lo estipulado en el articulo según lo establecido en el Titulo V (de las obligaciones condicionales) del Código Civil Argentino que establece que: “Las prestaciones que tienen por objeto el cumplimiento de una condición son siempre indivisibles”, dado que “El cumplimiento de las condiciones es indivisible, aunque el objeto de la condición sea cosa divisible”. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido, no corresponde la transferencia de la parcela 420 a la Asociación de Productores de Arroz, dado que vulnera lo preestablecido entre los Estados tanto Nacional como Provincial, mas aun cuando la condición establecida fue solicitada por los pequeños productores chaqueños lo que demuestra un interés en el plan de Colonización Rural por parte de los mismos. A los efectos de esta Ley, por Colonización Rural, se entiende como el conjunto de medidas a adoptarse con el fin de promover una racional subdivisión de la tierra, su adecuada explotación y la radicación del trabajador rural. Desde ese punto de vista, la transferencia realizada por la Ley 6145 no cumple con la obligación preestablecida correspondiente a un lineamiento especifico de política agraria que el Gobierno Provincial debía cumplir, violentado de esta manera acuerdos establecidos con el Gobierno Nacional y perjudicando a los pobladores de la zona, que oportunamente solicitaron estas tierras para radicarse y producir y que actualmente habitan en el lugar, tal lo comunicado en nota del mes de julio al Ministro de la Producción y Empleo de la Provincia. La finalidad de la transferencia de la Nación a la Provincia es en beneficio de los pequeños productores locales, radicados en el área de influencia del ex Ingenio Las Palmas, a través de la implementación de un plan de Colonización Rural. Lo expresado se diferencia de la categoría de medianos y grandes productores, como serían los integrantes de la Asociación de Productores de Arroz, cuyo presidente es propietario de grandes extensiones de tierras destinadas al cultivo de arroz que son aledañas al predio que se les transfirió por Ley 6145. Además, el destino de la transferencia por la citada Ley es para la creación y conformación de un campo de investigación, experimentación y desarrollo del cultivo del arroz, que nada tiene que ver con la radicación de pequeños productores locales y que tampoco puede ser considerado dentro de un plan de colonización rural, dadas las condiciones de los integrantes de la Asociación de Productores de Arroz. En este sentido, quienes deberían aportar el espacio físico para el campo experimental, del cultivo de arroz, dadas las extensiones de su propiedad, debería ser los propios productores asociados, mas aun teniendo en cuenta que en nuestra provincia, el cultivo del arroz se encuentra monopolizado por el actual presidente de la Asociación en cuestión”, concluyó.

INVITACION

Terada: “Los números son irrefutables”

La diputada del ARI, Alicia Terada ratificó hoy la información de que la Fiduciaria del Norte S.A transfirió $20.963.400 a la cuenta de la firma Mac Air Jet S.A. del Banco Galicia diciendo que “obra en su poder el informe enviado por el propio presidente de la entidad Patricio Fiorito”. Terada manifestó “no comprender las razones por las cuales Fiorito desmiente el informe que lleva su firma y que envió a la Legislatura”. La legisladora del ARI fue contundente al demostrar que las transferencias realizadas se efectuaron por el compromiso que hizo el Gobierno de Chaco con la empresa aérea de Franco Macri, de comprar las ubicaciones sin vender, que surgiese de la falta de pasajeros. Esto quiere decir que el Estado chaqueño le garantizaba a la empresa privada la viabilidad del proyecto y en ese concepto y ante la baja ocupación de la aeronave es que se transfirieron los $20.963.400 millones. Concretamente los pagos fueron por cancelaciones de facturas o notas de débito originadas por los compromisos de horas block, recupero de combustible y recupero de gastos de comercialización (sueldos, servicio de call center, tasas de embarque, permisos, locaciones, comisiones, agencias, etc). Asimismo y como conceptos extraordinarios se han recibido las facturaciones de recupero de los gastos correspondientes al Star up del proyecto conforme a pautas contractuales e incorporación del segundo avión. “Si la empresa aerocomercial chaqueña tuviera la suficiente ocupación como para solventar los gastos operativos, La Fiduciaria del Norte no debería transferir dinero a Mac Air Jet S. A”, aseguró. Por otra parte demostró que según lo señalado por Fiorito, el presidente de la Fiduciaria del Norte, Aerochaco recaudó $1,5 millones mensuales, pero pagó $2.329.266 mensuales a Mac Air Jet S.A. “Es decir que recaudó menos de lo que pasó”, enfatizó. Y continuando con el análisis de la desmentida pública que intentó hacer Fiorito sobre sus propios documentos, Terada demostró que “teóricamente si Fiduciaria del Norte recaudó $1,5 millones, con esa cifra tendría una diferencia en contra de $829.266, sin considerar otro tipos de gastos que implica el funcionamiento administrativo del emprendimiento aerocomercial, como ser pagos de luz, alquiler, etc”. Intervención del Tribunal de Cuentas La diputada nacional electa, solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas para que proceda al análisis de la documentación enviada por la Fiduciaria del Norte y emita dictamen en relación a la administración del Fideicomiso Aerochaco.

Jornada de Acceso a la Información en la Legislatura

La diputada Alicia Terada participó de la Jornada de Acceso a la Información Pública, organizada en la Legislatura. Estuvieron presentes, además de la Legisladora del ARI, los diputados de la Alianza Frente de Todos, Hugo Maldonado (organizador y autor de uno de los proyectos de Ley), Elba Altamiranda, Marilyn Cristófani, y acompañó en la apertura la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mastandrea. En la oportunidad la diputada Terada dijo: " El derecho de acceso a la información es uno de los derechos fundamentales y su reconocimiento constitucional ha sido profundizado a través de los tratados internacionales de derechos humanos, cuya jerarquía constitucional fuera consagrada por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. En la Constitución de la Provincia del Chaco, el acceso a la información pública, está garantizado por los Artículos 14 y 18. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su parte, también reconoce en estos términos la libertad de expresión en su artículo 13. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión ‘comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole Sin embargo, más allá de la buena predisposición que pudiera existir por parte de la ciudadanía para participar del proceso de toma de decisiones o en el control de la gestión de gobierno, esa participación no podría llevarse a cabo si no mediaran instancias que hicieran posible y efectiva esa participación. Los mecanismos de democracia participativa no funcionan en forma automática sino que suponen ciertos prerrequisitos e instancias que hagan posible su uso. Uno de esos prerrequisitos, quizá el más importante, es el de poder contar con la información necesaria para poder participar del proceso decisorio y de control. Se ha distinguido entre el derecho a la información y el derecho de acceso a la información estableciendo que mientras que el primero de los derechos se podría cumplimentar con la producción de información desde el Estado, el segundo concierne a la posibilidad por parte de cualquier ciudadano de seleccionar la información que requiere del “menú de información pública que administra el Estado”. El primero de los derechos, de enorme importancia, obliga al Estado a adoptar una estrategia de publicidad de su actividad y a la elaboración y a la difusión de información. Un ejemplo práctico relacionados con este tipo de obligación por parte del Estado es la preparación de los informes periódicos o la difusión de estadísticas resultantes de sus actividades de monitoreo ambiental. El segundo de los derechos, el del acceso ciudadano a la información, obliga a que éste instrumente un sistema jurídico especial que facilite a cualquiera la identificación y el acceso a la información seleccionada.- Todos estos principios y directrices han sido recogidos en el proyecto de ley presentado por el Bloque ARI. En primer lugar, el derecho de solicitar información del sector público, en sentido amplio, se le reconoce a toda persona.- Se establece un mecanismo sencillo y ágil de acceso a la información con miras a que sea la ciudadana o ciudadano el principal destinatario de esta ley. Los plazos, la constancia del pedido de información, las condiciones de arancelamiento y la posibilidad de revisión de la denegatoria o el especial tratamiento que se le da al silencio o la ambigüedad de la respuesta, son reaseguros para que los fines de esta ley no sean violados cuando se activen los mecanismos que prevé.- Las excepciones, finalmente, se corresponden con la existencia de información cuyo acceso puede ser limitado, pero siempre para beneficio de la ciudadanía y no para su perjuicio. Ante la negativa de la administración de brindar la información solicitada, su silencio o el vencimiento de los plazos, el proyecto dispone dos vías que el ciudadano o la ciudadana pueden seguir. Por un lado, pueden presentarse ante la Autoridad de Aplicación que corresponda, que podrá prohibir al organismo la retención de la información, si no hubiera una justificada razón para ello. Por otra parte, también se podrá interponer una acción de amparo, en los términos del artículo 19 de la Constitución Provincial, sin necesidad de iniciar el procedimiento ante el Organismo de Aplicación que se designe. También somos conscientes de que existen intereses en juego acerca de la apertura al público de determinada información que podría resultar contraria al interés público porque en ciertas instancias, esta apertura puede tener efectos perjudiciales en relación con intereses públicos esenciales o que se trata de cuestiones privadas de ciertas personas cuya difusión que no tiene justificación alguna en relación con el interés público. Por eso, este proyecto intenta proveer a la mayor extensión posible del derecho de acceso a la información, a la vez que establece algunas limitadas excepciones a los fines de prevenir un efecto perjudicial al interés público".

Detectan irregularidad en la transferencia de tierras

El Bloque ARI solicita la derogación de la Ley 6.145 de transferencia de 193 hectáreas ubicadas en la localidad de Las Palmas. Se las transfirieron a la Asociación de Productores de Arroz que funcionaba de manera irregular por no presentar balances durante 9 años y porque sus autoridades tenían mandatos vencidos. Luego de una investigación que se desarrolló durante varios meses, el Bloque ARI detectó irregularidades en la transferencia de 193 hectáreas que pertenecían al ex Ingenio de Las Palmas, por otorgárseles a una Asociación de Productores de Arroz que tenían a sus directores con mandatos vencidos y no presentaban balances desde hace 9 años. El Bloque ARI solicita la derogación de la Ley que permite, entre otras cosas, la transferencia del predio, por considerar que la normativa está viciada de nulidad absoluta por haber otorgado ciertos privilegios y facilidades a una organización que se encontraba funcionando en situación irregular. Un informe enviado por la Dirección de Persona Jurídica, asegura que la Asociación Chaqueña de Productores de Arroz, regularizó su situación legal cinco meses después a la aprobación de la Ley 6.145 de transferencia. La normalización se produjo el 27 de noviembre de 2008, al aprobar en una Asamblea los balances que no se presentaron durante 9 años. Al momento de aprobarse la ley, el expediente no contaba con la documentación correspondiente que comprueba la irregularidad, pero luego de que la diputada Alicia Terada tomara conocimiento por diferentes actuaciones y denuncias efectuadas por pobladores de la zona y de la Federación Económica del Chaco, se iniciaron los pedidos de informes correspondientes a distintos organismos provinciales y se pudo definir que la regularización de la Asociación de Productores de Arroz se efectuó con posterioridad a la aprobación de la norma. La Ley cuestionada autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar ante instituciones provinciales y nacionales competentes, recursos para la conformación de un “campo de investigación, experimentación y desarrollo del cultivo del arroz, y a su vez transfiere el predio identificado catastralmente como Parcela 420, Circunscripción IV, Campo Las Palmas, Departamento Bermejo, con una superficie de 193 hectáreas. Por otra parte informaron que en el año 2008 un grupo de pequeños y medianos productores arroceros del departamento Bermejo, a través de una nota le comunicaron al ministro de Economía, Producción y Empleo, que desde el año 2000 habían dejado de pertenecer a dicha Asociación Chaqueña de Productores de Arroz. Desde el Bloque ARI consideraron que: “A pesar de la enorme irresponsabilidad institucional de la Organización y una falta de respeto a la normativa vigente, desde los distintos poderes del Estado, se le está otorgando ciertos privilegios y facilidades a una organización que presenta un comportamiento absolutamente irresponsable”, y que para subsanar ese error es que solicitan la derogación de la ley.

Terada: “Necesitamos saber cuánto le cuesta Aerochaco a la Provincia”

No conforme con las imprecisas declaraciones públicas efectuadas por el presidente de la Fiduciaria del Norte, Patricio fiorito, luego de que el diario Perfil cuestionara la rentabilidad de Aerochaco, la diputada del ARI, Alicia Terada volvió a solicitar informes a la empresa, para determinar si Aerochaco produce realmente beneficios económicos para la Provincia. “Si los beneficios son para la Provincia, tenemos derecho a saber cuánto nos cuesta el funcionamiento de Aerochaco”, dijo ayer, la diputada Terada al enviar nuevamente una nota donde le solicita al presidente de la empresa que administra el gerenciamiento de Aerochaco, doctor Patricio Fiorito, informe sobre los depósitos realizados desde la cuenta corriente Fideicomiso Aerochaco en la cuenta de la firma Macair Jet S.A en concepto de compensaciones, desde la creación del fideicomiso de Aerochaco, hasta la actualidad, detallando el concepto en qué se han realizado dichos depósitos. La publicación nacional hacía referencia a que la Fiduciaria del Norte, ya depositó en cuentas de Macair al menos 15 millones de pesos en concepto de compensaciones y compra de horas de vuelo. También señalaba que de acuerdo con el “Libro mayor de cuentas” de Fiduciaria del Norte, el 2 de julio de 2009 la empresa de Franco Macri recibió un depósito de 500 mil pesos, sin especificar en concepto de qué y que esas transferencias bancarias se repitieron durante los ocho meses de 2009, quedando asentadas en los libros contables. Asimismo establece que a fines de 2008, a través de una carta dirigida al Nuevo Banco del Chaco, Fiduciaria del Norte S. A solicitó la transferencia de $5.458.396 desde la cuenta corriente de Fideicomiso Aerochaco hacia la cuenta corriente del Banco de Galicia, cuyo titular es Macair Jet S.A. “Ante semejantes documentos necesitamos determinar la veracidad de los mismos y solicitamos a los responsables que respondan con la sinceridad que el hecho amerita. Hace poco tiempo nada más desde el Gobierno se convocaba al diálogo del Bicentenario, y el Bloque ARI en esa oportunidad resaltó la necesidad de que el Gobernador sincere cuál es la situación real por la que atraviesan las distintas inversiones que efectúa en nombre y beneficio del Pueblo del Chaco”. “Es la ciudadanía la que reclama transparencia en las acciones de Gobierno” y en este sentido señaló que “espera que le respondan rápidamente y con precisión porque lo que se solicita es concreto y por eso exigimos que las respuestas también sean en el mismo sentido”.

Fuerte apoyo del ARI al reclamo de productores

La diputada del ARI, Alicia Terada manifestó su absoluto apoyo a la marcha de productores que partirá mañana, desde Sáenz Peña hacia Resistencia en reclamo de soluciones para el sector agropecuario. La diputada nacional electa dijo: “No podemos dejar de reconocer que el campo es la base de nuestra economía, mal que le pese a algunos sectores oficiales del Gobierno” y sostuvo que “a pesar de que el mundo sigue reclamando alimentos, la Argentina está perdiendo la oportunidad histórica de poder vender adecuadamente. Mientras China sigue reclamando por soja forrajera, que es la producción que se ofrece al exterior, lamentablemente los responsables de brindar las condiciones adecuadas para efectivizar las operatorias se mantienen impasibles a esta situación”. Por otra parte señaló que “desde el Gobierno nacional se quiere distraer la atención de los argentinos, enviando al Congreso otro tipo de leyes como el de Radiodifusión, que más allá de que corresponda o no que se la discuta, en este momento existen otras prioridades que se tienen que solucionar y entre ellas figura sin dudas, la problemática del campo”. En cuanto a la firma del fideicomiso con el Banco Nación anunciada por el Gobernador Capitanich, de $150 millones para los productores, Terada señaló que espera que la operatoria sea realmente accesible para la mayoría de productores, especialmente para los pequeños y medianos, que son los que generalmente siempre quedan afuera de todo tipo de líneas de financiamiento porque los requisitos exigidos no se relacionan con su condición”. “El Gobierno nos tiene acostumbrados a este tipo de anuncios que parecen extraordinarios para los titulares de los medios, pero que en respuesta a las necesidades que reclaman los productores no suman soluciones concretas”. Responsabilizó al Estado por la seguridad de la marcha Se mostró preocupada por la seguridad de la marcha de la que también participarán el presidente de la Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzi y el vicepresidente y diputado nacional electo, Pablo Orsolini, recordando que existe un antecedente de un hecho de violencia que se manifestó en un reclamo del campo, sucedido en Makallé el año pasado. “No queremos que acontecimientos de esa naturaleza se vuelvan a repetir”, por eso recordó que “es obligación del Estado garantizar la seguridad de los productores que vienen a entregar un petitorio en reclamo de sus justos derechos”, concluyó.

El ARI solicita informes sobre el cierre de comedores en El Impenetrable

La Cámara de Diputados aprobó anoche, un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Provincial y Nacional, a los efectos de conocer si la clausura de comedores que tiene Cáritas Argentina en la zona de El Impenetrable, se produjo por falta de dinero que el Gobierno debería suministrar. La inquietud habría surgido luego de que el diario español El Mundo, informara en su edición digital sobre el cierre de comedores ubicados en la localidad chaqueña de El Impenetrable. Las causas habrían sido la falta de transferencia de dinero que el Ministerio de Desarrollo Social debería proporcionar para el funcionamiento de los mismos. La noticia generó gran preocupación al Bloque ARI que decidió requerir informes para que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos explique si existe algún instrumento legal celebrado entre este Organismo, Cáritas diocesanas Argentina y las Parroquias, como así también se solicita que se detalle la cantidad de parroquias y personas beneficiadas y la situación actual en la que se encuentran la ejecución de los programas, grado de cumplimiento y si se han efectuado las rendiciones de cuentas correspondientes, más el presupuesto asignado y orígenes de los fondos. En tanto también se requirió al Ejecutivo Nacional que informe sobre la existencia de instrumentos legales, como decretos, resoluciones y disposiciones, que estén relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos vinculados con los comedores de la provincia del Chaco en especial con los de Cáritas diocesanas y Parroquias. Si se ha efectivizado las rendiciones de cuenta de los distintos programas vigentes y en particular relacionados con Cáritas, hasta la fecha y el presupuesto asignado, programas, fuente de financiamiento y funcionarios a cargo de cada una de las áreas responsables. La diputada Alicia Terada fue contundente al referirse a este tema, e indicó que “se trata de averiguar si lo denunciado públicamente por el medio internacional tiene correlato con la realidad, porque de ser así se instrumentarán las medidas necesarias a los efectos de destrabar el conflicto y que los niños vuelvan a tener garantizado la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales”. “Es indispensable que el Ministerio de Desarrollo Social asuma el rol preponderante que le corresponde, en casos de extrema necesidad y en una provincia en donde los índices de pobreza y desocupación son uno de los más altos del país”, consideró. Por otra parte valoró el trabajo realizado por Cáritas, que a través de diversos programas de ayuda sostienen a comedores barriales de los sectores más carenciados del país.