La Coalición Cívica-ARI rechaza la
aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional por
cuanto de su articulado se desprende que lo que se pretende consagrar es la
“irresponsabilidad de Estado Nacional y de sus funcionarios públicos violando
la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
que firmara nuestro País y los principios del Derecho”. A su vez, considera que de aprobarse el dictamen de mayoría sobre
Unificación del Código Civil y Comercial “se generaría un vacío legal que por
expresa disposición del proyecto, no podría ser llenado con la aplicación, ni
siquiera supletoria, de las reglas de responsabilidad civil”.
La Diputada Nacional por la CC-ARI,
Alicia Terada adelantó que rechazarán el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y
anticipó que presentaron una iniciativa legislativa alternativa con su par,
Elisa Carrió con el objetivo de “reglamentar
ese derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en cuanto el Estado argentino se ha comprometido a garantizarle a
las personas, la posibilidad de perseguir judicialmente, una indemnización del
daño sufrido como consecuencia de acciones u omisiones del Estado y sus agentes”.
Terada explicó que “se trata de regular
una materia que sin dudas es Derecho de fondo, aplicable en todo los casos,
respecto de las consecuencias dañosas que pudieran generar por un lado, la
actividad ilegítima del Estado Nacional, y los Estados provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipales; y las acciones u omisiones
ilegítimas de sus agentes en ejercicio o en ocasión de sus funciones”,
asegurando que “este recurso efectivo obliga
al Estado como correlato necesario de la efectiva vigencia de esos derechos, a
la reparación integral por los daños causados por su
actividad ilegítima o la de sus funcionarios, tanto por acción, omisión o
control irregular de las concesiones o contrataciones otorgadas en materia de
servicios públicos”. Y remarcó: “El
derecho a reclamar judicialmente dicha reparación
integral, como todo derecho reparatorio en la faz extracontractual,
resulta correlato del deber de “no dañar” al que también se
encuentra subordinado el Estado y sus agentes, en un Estado de Derecho. Es
decir que, para establecer sus alcances, partimos desde los derechos de los
individuos reconocidos por la comunidad internacional y tutelados por nuestra
propia Constitución Nacional, y no desde la mirada del Poder”.
Terada señaló que “el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en
nuestro país, proviene de la Constitución Nacional, en sus artículos 16, que
reconoce la igualdad ante la ley; 17, que establece la inviolabilidad de la
propiedad; y 100, que se refiere a la posibilidad de demandar al Estado sin
ninguna prerrogativa. Siendo ampliada posteriormente, mediante la incorporación
de normas como las previstas en los artículos 36, 41, 42 y el citado 75 inc. 22
C.N”.
“Los agentes públicos y el Estado
responden de manera concurrente por los daños causados por el ejercicio
irregular de las funciones de aquellos. El particular damnificado deberá
iniciar su demanda indemnizatoria contra ambos, salvo que no fuese posible
identificar a los agentes públicos intervinientes. En este último supuesto, la
responsabilidad del Estado no se encuentra condicionada a la identificación de
los agentes que participaron en la acción u omisión dañosa”, expresó la
Diputada Nacional.
Terada destacó la importancia de esta
norma que introduce el proyecto alternativo presentado conjuntamente con Carrió
sosteniendo que reside “en promover que los funcionarios responsables de los
daños provocados a las personas por su actuar ilegítimo o ilícito, sean
demandados conjuntamente con el Estado. Así, la justicia podrá establecer las
responsabilidades de los distintos agentes estatales en cada hecho dañoso, y
las personas perjudicadas no sólo podrán ejecutar sus indemnizaciones en contra
del Estado, sino también, en contra de todo funcionario responsable que tuviera
patrimonio suficiente para responder” aclarando que de esta forma “no se
diluyen las responsabilidades de los funcionarios ante sus actos ilícitos,
respecto de los cuáles ya son serán impunes desde el aspecto civil. Adviértase
que en donde la justicia penal no ha sido eficiente, la justicia civil puede
hacer responsables patrimonialmente, a los funcionarios corruptos del daño
ocasionado a la sociedad”.
Al referirse al proyecto de ley
presentado por el Poder Ejecutivo, desde la Coalición Cívica-ARI advierten que
“el artículo 6° del proyecto que el oficialismo busca
aprobar, no deja lugar a dudas al establecer, sin más, que “El Estado no
debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por
los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les
atribuyan o encomiende un cometido estatal…”. Excluyendo la responsabilidad
del Estado ante el incumplimiento del irrenunciable deber de contralor que debe
ejercer”. Asimismo, la Diputada Nacional señaló que en el proyecto del
Ejecutivo “se reducen todos los plazos de prescripción a 2 años, tanto para
demandar al Estado como a los funcionarios, como para la acción de repetición
que tiene el Estado en contra de sus agentes”.
Ante esta situación, desde
la Coalición Cívica-ARI consideran que “de aprobarse el dictamen de mayoría
sobre Unificación del Código Civil y Comercial se generaría un vacío legal que
por expresa disposición del proyecto, no podría ser llenado con la aplicación,
ni siquiera supletoria, de las reglas de responsabilidad civil.
“Creemos que el proyecto de
ley que el Poder Ejecutivo pretende se sancione con una notoria premura, se
empecina en destacar en la necesidad de que el daño invocado por los
perjudicados (tanto como consecuencia de actividad e inactividad ilegítima del
Estado como por actividad legítima del mismo) debe ser debidamente acreditado y
“mensurable en dinero”. Lo que claramente, excluye el daño moral como rubro
indemnizable, del que no es necesario probar actualmente, ni la
existencia, ni su extensión”, sostuvo
Terada.
Por
ello, la Legisladora Nacional adelantó que “desde la Coalición Cívica-ARI no
sólo propiciarán el rechazo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
responsabilidad del Estado que ha enviado a esta Parlamento para su
tratamiento, sino que harán la presentación de su propia propuesta que reglamenta el derecho al recurso
efectivo previsto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en consonancia con el resto del corpus constitucional de derecho”.
