martes, 6 de julio de 2010

Terada: “Es un capricho del Gobierno no querer acatar un derecho que constitucionalmente les corresponde a los jubilados y pensionados”

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Alicia Terada defendió la iniciativa impulsada desde la oposición para garantizar el 82% móvil a las jubilaciones y pensiones y criticó las declaraciones realizadas por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que calificó de “invento politiquero” al proyecto. “No es un invento politiquero, es un derecho constitucional expresado en el articulo 14 bis de la Carta Magna”, explicó la secretaria de la comisión de Previsión y Seguridad Social. “Los voceros oficialistas que intentan fundamentar públicamente la oposición del Gobierno a la implementación de la medida, lo que consiguen es desenmascarar la intención del Ejecutivo Nacional de alcanzar el crecimiento y desarrollo del país a costa de un sector vulnerable y sin importarle las consecuencias que implica. Deberían gobernar para todos los argentinos y no en defensa de sus propios intereses y en detrimento de otros sectores”, enfatizó. La legisladora chaqueña aseguró que existe solvencia técnica para llevar adelante la iniciativa y que no se desfinanciaría al Estado, sino que se utilizarían de manera “correcta” los fondos destinados a tal fin. “Existe el dinero necesario para cumplir con lo establecido en la Constitución y se encuentra en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), solo que se está utilizando ese dinero de los jubilados para otros fines como ser el “fútbol para todos” que generó una perdida de 550 millones en su primer año de implementación, para la construcción de viviendas y la Asignación Universal por Hijos”. Como alternativa propuso que el dinero utilizado por el Estado para la Asignación Universal por Hijos se saque de Rentas Generales del Presupuesto Nacional y no de la ANSeS como se hace actualmente, de manera de cumplir con la deuda social que se tiene con los jubilados y pensionados utilizando los fondos correspondientes. Por último dijo: “Si la presidente de la Nación decide vetar la Ley deberá asumir el costo político de no defender los derechos de los jubilados y pensionados y de priorizar el manejo de la “caja” de la ANSeS para otros fines distintos a los de su creación”.