Un mal ejemplo para los chaqueños: Capitanich incumple la ley y adeuda cerca de $423 mil pesos mensuales a discapacitados y personas carenciadas

Son 1.411 beneficiarios de pensiones por vejez, invalides, madres desamparadas y ex combatientes que no tienen la posibilidad de vivir dignamente porque el Estado se niega a pagarles lo que les corresponde por Ley. Lo sorprendente es que existiendo presupuesto suficiente para abonar los $600 pesos que les pertenece solo les paga $300, quedando un residual de aproximadamente $423 mil pesos que no se sabe hacia donde se destinan. Los damnificados son personas carenciadas de la provincia del Chaco, beneficiarias de las pensiones conocidas comúnmente como “carné amarillo”, quienes históricamente fueron ignoradas por el Estado y víctimas del incumplimiento de la Ley por parte de los gobiernos no solo justicialistas sino también de la Alianza. Hasta el año 2006 percibían en concepto de pensiones la suma de $80 pesos mensuales. En el año 2007 el entonces gobernador de la provincia que hoy es senador nacional por la Alianza, Roy Nikisch incrementó la suma a $250 pesos. En el mes de julio el gobernador Jorge Capitanich firmó el decreto 3.165, que fija el beneficio en $300 pesos a partir del 1º de agosto de 2008, el cual contempla un incremento trimestral de $50 pesos por mes hasta llegar a los 600 pesos en el mes de septiembre de 2009, que será cuando alcanzará el 50 por ciento del salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha, sin considerar el incremento que se producirá en el salario para el próximo año. Lo inexplicable de la decisión del jefe del Ejecutivo Provincial es porqué resuelve dar un aumento que no se ajusta a lo normado en la Ley, evadiendo la legislación vigente y considerando que tiene factibilidad presupuestaria y fondos destinados para tal fin. La ley 2.420 de pensiones establece que las pensiones por vejez, invalides y madres desamparadas serán reajustadas automáticamente al 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil vigente en la Nación. Actualmente dicho importe so fijó en $1.200 pesos de lo cual se desprende que los pensionados deberían percibir $600 pesos. Un informe enviado desde el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Chaco, determina que existen $20 millones de pesos afectados en el presupuesto para el cumplimiento de la suma total como establece la norma, en donde se aclara que idéntico importe fue para el ejercicio 2007 que tuvo como gasto total comprometido la suma de $9.034.435,70. La irregularidad fue advertida en el año 2006 por la diputada del ARI, Alicia Terada, quien desde entonces reclama la normalización del beneficio sin lograr que el Estado cumpla con su obligación de reajustar automáticamente estas pensiones. El viernes insistió en una nueva iniciativa presentada en la Cámara de Diputados donde se solicita al Poder Ejecutivo para que a través del organismo que corresponda se efectivice el cumplimiento de lo estipulado por la Ley 2.420.