Se aprobó ley que prohíbe el uso de nombres, símbolos o imágenes que hagan promoción personal de autoridades y funcionarios públicos

El proyecto de Ley presentado por la diputada del ARI, Alicia Terada que fue aprobado anoche por unanimidad, incorporó a la ley de Ética Pública parámetros legales que determinan la conducta que deben asumir las autoridades o funcionarios públicos a la hora de publicar los actos de gobierno. Con la aprobación de la iniciativa se incorporó el inciso L) al artículo 1º de la Ley 5.428 de Ética Pública, estableciendo que "la publicidad de los actos, programas, obras y campañas de los órganos públicos deberán tener carácter educativo, informativo o de orientación social, estableciendo la prohibición de contener en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos". El objetivo del proyecto es legislar sobre el correcto uso que debiera darse a la publicidad de los actos de gobierno, entendida como una obligación o exigencia impuesta a las autoridades mediante la cual se otorga transparencia a las decisiones y gestión en el desempeño de la función pública. La obligación de hacer público los actos de gobierno está contemplado en el artículo 77 de la Constitución de la provincia del Chaco, donde se establece que el Estado debe de dar publicidad a los actos oficiales, especialmente los relacionados a la percepción e inversión de rentas. Lo que se quiere dejar expresamente prohibido es la posibilidad de hacer un indebido uso de esa obligación o una mala interpretación de lo que se entiende como actos de gobierno para no hacer promoción personal o partidaria de los funcionarios. En los argumentos la autora de la iniciativa asegura que "la ausencia de normas legales y éticas favoreció el uso de los fondos del Estado para financiar campañas de publicidad que buscan réditos electorales para el oficialismo. Estas prácticas alientan hechos de corrupción y constituyen verdaderas amenazas a la libertad de expresión, porque, implican la distorsión de la obligación del Estado de dar publicidad de los actos de gobierno, tal como lo exige el sistema republicano, toda vez que esta publicidad se convierte en mensajes propagandísticos con fines de promocionar a determinados funcionarios públicos".