"El gobierno de Capitanich no cumple con el pago actualizado del carnet amarillo"

La Diputada Nacional por la Coalición Cívica-ARI, Alicia Terada aseguró que el gobierno de Capitanich no está cumpliendo con la Ley 2420, que establece en su artículo 20, que las pensiones graciables por vejez, invalidez y madres desamparadas, más conocidas como "carnet amarillo"deben ser actualizadas al 50 por ciento del salario mínimo, vital y móvil que en el mes de enero de este año se fijo en $1.840. "Los beneficiarios están percibiendo una suma que se encuentra por debajo de lo que el INDEC establece como canasta de indigencia", aseguró Terada.

"El Gobierno de la Provincia del Chaco no cumple con la Ley, a pesar de tener los recursos económicos para hacerlo, teniendo en cuenta además que ha disminuido la cantidad de beneficiarios del carnet amarillo, casi a una tercera parte de los mismos" sostuvo la legisladora nacional ratificando que la "Provincia del Chaco recibe cuatro veces más de recursos económicos desde la Nación".

Según datos oficiales, los beneficiarios de estas pensiones que perciben mensualmente la suma de $450 son indigentes, porque se encuentran por debajo de los $537 que el INDEC establece como canasta de indigencia.

Lo alarmante de esta situación es que permanecen en esta condición de indefensión hace más de 10 años debido al incumplimiento del Gobierno Provincial de ajustar el monto de estas pensiones. Esto quiere decir que tendría que estar percibiendo la suma de $920 y no $450 como lo hacen actualmente.

"Sobre esta problemática fueron alertados los diferentes gobernadores provinciales en los últimos 5 años, sin embargo, la ley sigue sin ser cumplida", manifestó Terada.

La Diputada Nacional recordó que en el año 2009 se continuó el reclamo al gobernador Capitanich, con las resoluciones 2810/09 y 1757/09 sin obtener respuestas favorables por parte de la cartera provincial. "A medida que pasa los años resulta cada vez más difícil a estas personas subsistir, es por eso que desde la Coalición Cívica-ARI exigimos el cumplimiento de la normativa vigente, actualizándose los montos a percibir por los beneficiarios en tiempo y forma", afirmó Terada.

Asimismo, remarcó lo que considera es una contradicción del Estado diciendo: "contradictoriamente quienes tienen la responsabilidad política de garantizar el cumplimiento legitimo de los derechos de los ciudadanos, son quienes impiden el ejercicio de los mismos".

"Es de suma importancia que se cumplimente con los pagos de los montos que corresponden a los cálculos que establece la norma citada, por cuanto no solo se está violando una norma legal desde el Poder Ejecutivo Provincial, sino que la continuidad de su no cumplimiento podría generar reclamos judiciales a favor de los beneficiarios y fundamentalmente la consecuencia social irreparable de sumergirlos aún en la indigencia"concluyó Terada.