Plantean irregularidades en el llamado a licitación para construcción de casino en barrio San Pedro Pescador

El Gobierno suscribió un contrato de comodato por un predio del cual no es propietario. La ley exige como requisito previo a un llamado a licitación que el licitante deba tener la propiedad del inmueble. El Estado reconoce no ser propietario al iniciar un juicio por prescripción adquisitiva en el mes de julio de este año.

La diputada nacional del ARI-Coalición Cívica, Alicia Terada dijo esta mañana que el llamado a licitación para la construcción del casino y centro integral de entretenimientos en el barrio San Pedro Pescador presenta “graves irregularidades” por no cumplir los requisitos exigidos por la Ley de Administración Financiera y Obras Públicas y el articulo 3270 del Código Civil. La legisladora chaqueña explicó que la Ley de Administración Financiera y obras públicas fijan como requisito previo a un llamado de licitación que la autoridad licitante tenga la propiedad del inmueble en donde se instalarán y se pondrán en funcionamiento, en este caso, el casino. Asimismo el Art. 3.270 del Código Civil establece que “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere”. “En función de lo que dice el Código Civil el contrato de comodato sería nulo -aseguró- porque ni la Provincia ni el Ministerio de la Producción tienen la propiedad de dicho inmueble”. La evidencia es clara señaló Terada al indicar que el Gobierno inició en el mes julio de este año el juicio por prescripción adquisitiva contra quienes figuran como titulares de dichos inmuebles ubicados en puerto Antequerita. Indicó que la demanda se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 bajo expediente Nº 9166/2010, que fue iniciado el 7 de julio y que aun no se encuentra trabada la litis atento que los demandados (propietarios de los inmuebles) todavía no han sido notificados de la existencia del juicio de prescripción adquisitiva. Aclaró que “estos mismos inmuebles son sobre los cuales el Gobierno el 29 de marzo de este año, 4 meses antes de iniciar el juicio por prescripción, autorizó la suscripción de un contrato de comodato, entre Lotería Chaqueña y el Ministerio de Producción y Ambiente para que Lotería Chaqueña destine el mismo para la instalación y puesta en funcionamiento del casino y centro integral de entretenimientos por un período de 20 años”. Por otra parte dijo que “siendo uno de los requisitos para concretar la prescripción la posesión pacifica, pública e ininterrumpida por el término de 20 años cabe preguntarse si los verdaderamente legitimados para demandar no serían las casi 300 familias que desde 1982 ocupan dicho terreno con esas características y no el Estado”. “Ante todas estas irregularidades que tornan viable, incluso el planteo de nulidades a todo el procedimiento llevado a cabo por Lotería Chaqueña a la fecha, se sumaría qué tipo de criterio tiene el Gobierno al tomar las decisiones prefiriendo y privilegiando negocios que resultan rentables para unos pocos y producen serios daños para el resto de la sociedad como es el de un casino”. “En perjuicio, además, de las casi 300 familias que viven de la pesca y defienden su sustento y modo de vida negándose a ser expulsados de ese lugar, porque temen pasar a ser rehenes de este sistema político y engrosar los numerosos asentamientos del Gran Resistencia”, concluyó.