Proponen nueva ley sobre violencia familiar

La diputada Alicia Terada presentó en la Cámara de Diputados una nueva Ley de violencia familiar. Se trata de un proyecto orientado a brindar a la víctima de violencia familiar las medidas de protección y asistencia necesarias a través de un procedimiento judicial especial de carácter “urgente” y un sistema de sanciones para el violento o agresor. La iniciativa se ocupará de promover vínculos familiares libres de violencia, mediante la detección temprana de la misma en el seno familiar y el aumento de las medidas de protección judicial. Los derechos garantizados por esta ley son a la vida y a la salud, a la integridad física, sexual, psíquica, moral y patrimonial, a la libertad y seguridad personal, a la igualdad de derechos, trato y oportunidades entre varones y mujeres y al tratamiento especial de la víctima de violencia. De acuerdo a lo explicado por la autora de la iniciativa, las medidas previstas en este proyecto se encuadran en el marco de los llamados “procesos urgentes”, para que puedan ser adoptadas con rapidez dentro de las 48 horas de la denuncia sobre agresión y sin necesidad de notificación al victimario. Asimismo se incorpora un sistema de sanciones que se aplicarán al violento/a, las cuales variarán desde una multa graduable entre 5 y 50 salarios mínimo, vital y móvil a favor de la víctima y la realización de trabajos comunitarios. Por otra parte esta norma prohíbe la mediación en el proceso de violencia doméstica, por estar expresamente contraindicada en numerosos foros internacionales, porque se asegura que existe una situación de sometimiento y poder entre la victima y el victimario. Donde la víctima tiende a callarse o a ocultar la verdad por miedo o vergüenza y el victimario se muestra en público de una manera completamente diferente a la actitud que tiene en privado con la víctima. También prevé la necesidad de crear programas de capacitación y especialización sobre atención a las víctimas de violencia familiar, para todos aquellos funcionarios y agentes públicos de las diferentes jurisdicciones y servicios avocados a la problemática. “La agresión a la que comúnmente es sometida la víctima en los ámbitos públicos, en manos de los funcionarios y empleados de organismos oficiales con quienes tienen su primer contacto para asistirlas y obtener las medidas de protección es un aspecto fundamental a tener en cuenta dentro de la violencia familiar”, señaló Terada. La legisladora del ARI advirtió que “los datos en el Chaco son alarmantes y demuestran de manera clara el aumento paulatino de los casos de violencia familiar que llegan a los estrados judiciales. Antes no superaban los 20 por año, y en la actualidad se inician 10 por días. En el año 2.000, entre los dos Juzgados del Menor y la Familia, se tramitaban 3.148 causas, y ahora superan las 10.000”, de acuerdo a datos esgrimidos por el Poder Judicial de la provincia, a través de su publicación mensual “infoJusaChaco”. “Otro dato importante a considerar, es que son aproximadamente 800 causas las que ingresan por mes a través de la Mesa de Entradas Informatizada de los Juzgados de Familia en un promedio de 40 al día, de las cuales 15 son por violencia familiar y 10 pedidos de medidas tutelares”, informó. Esta realidad motivó que desde el Bloque ARI se proponga como primer medida derogar la legislación anterior sobre violencia familiar e impulsar una nueva que sea más completa y superadora, y que le asegure a la víctima su protección integral.