El ARI manifiesta preocupación por intentos de la presidenta de cercenar la libertad de expresión
La diputada Alicia Terada manifestó hoy su preocupación por la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de controlar el contenido de la información proporcionada por los medios de comunicación social, a través del Observatorio contra la Discriminación en los medios de comunicación que será dependiente del Gobierno Nacional. Asimismo expresó su rechazo por los recientes intentos del Ejecutivo Nacional de cercenar la libertad de expresión del dibujante y caricaturista Hermenegildo Sabat. La legisladora del ARI presentó ayer un proyecto de resolución en el que reafirma que “es importante garantizar a los periodistas y a los medios de comunicación la libertad de trabajo y de expresión que necesitan para desempeñar sin presiones y objetivamente sus funciones”. Asimismo aseguró que “no se puede concebir que sea el “Estado” quien vigile los contenidos que la prensa pone a disposición de la ciudadanía”. “En tal caso –dijo Terada- se estaría vulnerando la credibilidad de la información y poniendo en serios riesgos la democracia que tanto sacrificio costó conseguir al país, entendiendo que los medios de comunicación social son instrumentos fundamentales para la vigencia y el funcionamiento del sistema democrático”. En los argumentos de la iniciativa expone con preocupación algunos hechos con los que el Poder Ejecutivo Nacional ha limitado claramente el goce del derecho a la libertad de expresión, “como por ejemplo en los discursos públicos de la presidenta donde viene criticando duramente tanto a empresas periodísticas como a cronistas que no concuerdan con las mismas ideas u opiniones que expresa el Gobierno. Haciendo una suerte de discriminación hacia estos trabajadores de prensa a quienes les obstaculizan el accesos a la información, distribuyen la publicidad oficial en los medios de acuerdo con los intereses del gobierno y apoyan la creación de mecanismos de denuncia y control como el Observatorio de Discriminación, desde el cual seguramente se controlará con bases licitas los mensajes que los medios de comunicación transmitirán al pueblo”. Asimismo recordó la arremetida pública contra el artista plástico Hermenegildo Sabat por una expresión artística que se consideró un mensaje "cuasi mafioso". “Con esta metodología –agregó- aquellas opiniones que no favorezcan a la opinión pública de la presidenta o no persigan sus mismos intereses, seguramente con vastos argumentos legales, pero en una suerte de censura, serán rechazadas por el órgano, siempre argumentando que es por el bien de la comunidad”. “El respeto, garantía y protección del derecho a la libertad de expresión no sólo está reconocido en nuestra Constitución sino que ha sido un compromiso asumido por nuestro país ante la comunidad internacional a través de la ratificación de múltiples tratados y documentos de derecho internacional de los derechos humanos”, concluyó.
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