El ARI asegura que se continúan haciendo negocios privados con las tierras públicas

Una reciente denuncia realizada por el diputado Ricardo Sánchez (PJ), por deforestación en el departamento General Güemes y Almirante Brown, permitió hacer público un nuevo caso de negociado privado con las tierras públicas en la provincia del Chaco. Por pedido del Ejecutivo provincial, se procederá a expropiar con dinero público, lotes que habían sido tierras fiscales en el año 1980, y que actualmente y luego de varios procesos de ventas, pertenecen a una empresa extranjera radicada en los Estados Unidos, que representa una perdida para la provincia de aproximadamente de 1.400.00 contra $0.04 monto vendido originalmente en el año 1981. Se trata de los lotes 198 y 309, de 4200 hectáreas, que formaron parte de la adjudicación en venta al Sr. Hugo Roberto Aragón en el año 1981 de aproximadamente 6800hs. "Sorprendentemente recién en septiembre de 2004, 23 años mas tarde, Aragón decide hacer la titularización del inmueble adjudicado al precio de $0.04" manifestaron desde el ARI. Posteriormente a la titularización en el año 2005, Aragón solicita la subdivisión del inmueble creando por decreto Nº 1405/05 dos unidades económicas. Una compuesta por las parcelas 198 y 309, con un total de 4200 has. Y otra compuesta por las parcelas 200 y 308 con un total de 2693 has. Seis meses después de la subdivisión en enero de 2006, las 4200 has de las parcelas 198 y 309 fueron vendidas al Sr. José Rodolfo Tarantelli, por U$S 195.000 cada una. A pocos meses de concretarse dicha compraventa, el nuevo propietario Sr. Tarantelli, a su vez, transfiere ambas parcelas a la Sociedad "Córdoba Investments Corporation", una empresa radicada en Nevada Estados Unidos por $714.450, cada una. En este proceso se produjo un importante cambio de dominio de las tierras, que pasaron de ser tierras fiscales a tener dominio privado de una empresa extranjera. Actualmente el Estado decide que las tierras, vuelvan a integrar el patrimonio de la provincia, ordenando la expropiación de las mismas, al detectarse desmontes ilegales efectuados en el lugar. Desde el Bloque del ARI se preguntan "¿cuál ha sido el seguimiento que se ha realizado, desde el ámbito de gestión, a un recurso tan caro para la provincia, que hoy, luego de que se han realizado los negocios privados, con consecuencias nefastas para el medio ambiente, decida utilizar recursos financieros, de todos los chaqueños, para expropiar?". "Dejamos aclarado que no estamos en contra de los procedimientos que se deben realizar para que recursos naturales mal utilizados vuelva a ser patrimonio del Estado Provincial. Pero ¿en qué condiciones vuelven?, DEPREDADOS. Lo que desde el ARI proponemos, se desarrolla en el marco del contrato de gestión clara, transparente y eficiente, para que este proceso se detecte en forma oportuna, previniendo estas situaciones que permiten que la tierra deje de ser un capital público, para ser un capital extranjero". "Es por eso que desde el Bloque del ARI impulsamos un proyecto de Ley que intenta declarar la emergencia en materia de división, adjudicación o venta de la tierra publica del Chaco, por un plazo de dos años y con posibilidad de ser prorrogada para el caso que subsistiera la problemática, a fin de desarrollar un proceso de saneamiento integral y ordenamiento en la gestión de la tierra pública del Chaco. Proponemos también, que durante el término establecido el Instituto de Colonización realice un relevamiento y análisis técnico, jurídico y catastral de la tierra. Y que durante el plazo de emergencia declarada, se suspendan en todo el territorio de la provincia los procesos de adjudicación, venta y titularización de las tierras fiscales". "De esta realidad se desprenden dos análisis, por un lado que la depredación la efectúan grandes empresas, con grandes capitales a las cuales no les interesa la preservación de los recursos naturales existentes en el agonizante monte chaqueño, con el único objetivo de destinarlo a la siembra, fundamentalmente de soja. Provocando los desalojos a comunidades campesinas y aborígenes de sus territorios. "Y por otro lado que esto es posible por la inacción y la mala gestión de las autoridades encargadas de verificar que las tierras otorgadas cumplan con la normativa vigente y con el objetivo de producción y subsistencia para las cuales han sido destinadas". Y más aún, que existiendo reglamentaciones que prohíben el desmonte en la provincia del Chaco como el decreto 1341 de agosto de 2006, se sigan realizando por falta de control de las autoridades encargadas.