lunes, 13 de septiembre de 2010
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Denuncia en el Consejo de la Magistratura
Fuente: Diario Clarín
martes, 7 de septiembre de 2010
Bomberos voluntarios del Chaco recibirán autobomba donada por la Embajada del Japón
lunes, 6 de septiembre de 2010
Terada solicita aprobación de partida presupuestaria para la puesta en funcionamiento del Juzgado Multifueros para Misión Nueva Pompeya
La diputada nacional Alicia Terada solicitó hoy, al presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Juan José Bergia la inclusión en la Ley de Presupuesto Financiero que la Legislatura aprobará para el ejercicio 2011, la partida necesaria para la creación y puesta en funcionamiento de un Juzgado Multifueros y una Fiscalía de Investigación con asiento en la localidad de Misión Nueva Pompeya, la que está incluida en el proyecto de presupuesto anual de gastos e inversiones para ejercicio 2011 que el Poder Judicial envió a la Legislatura.
La legisladora chaqueña señaló que “el pedido se debe a que el Poder Judicial en el ejercicio anterior ya había previsto dicho gasto e inversión, pero la Cámara de Diputados no lo consideró en el momento de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2010”.
“A los efectos de evitar que suceda nuevamente lo mismo, y considerando la importancia que reviste la aplicación de la norma para garantizar el acceso a la justicia a un numeroso sector de la población chaqueña y que además es objeto de permanentes reclamos por parte de los habitantes de la zona, es que solicitamos formalmente a través de una nota dirigida al presidente de la Legislatura y por su intermedio a todo el cuerpo de legisladores para que tengan en consideración en el análisis y aprobación de la Ley de Presupuesto Financiero para el ejercicio 2011”, remarcó Terada.
La Ley 6.357 creación y puesta en funcionamiento de un Juzgado Multifueros y una Fiscalía de Investigación con asiento en la localidad de Misión Nueva Pompeya, Dpto. General. Güemes, con competencia territorial en las localidades de Fuerte Esperanza, Comandante Frías, Wichi, El Pintado, El Sauzal, El Sauzalito, Fortín Frías y zonas adyacentes fue sancionada el 3 de junio de 2009, promulgada el 24 de junio de ese mismo año y publicada en el Boletín Oficial 8.938 el 13 de julio de 2009. Terada se reunió con asesor de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Comenzó el debate sobre proyectos que limitan venta de tierras a extranjeros
En la primera reunión los integrantes de la comisión entre los cuales se encuentra la chaqueña Alicia Terada, escucharon a los autores de las 10 iniciativas referidas al tema, quienes explicaron y fundamentaron sus proyectos.
Estuvieron presentes, entre otros, la presidente del Bloque de diputados de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, los diputados Pablo Orsolini (UCR); Verónica Benas (Si por la Unidad Popular), Diana Conti (Frente para la Victoria) y Sergio Basteiro (Nuevo Encuentro Popular y Solidario.
Como resultado de la primera jornada de debate establecieron la posibilidad de que en 15 días la comisión emitiera dictamen sobre un proyecto de ley consensuado, para que sea tratado en el Recinto.
La diputada Terada explicó que “el proyecto que impulsa la Coalición Cívica tomó como base un trabajo realizado por los equipos técnicos de la Federación Agraria Argentina en el año 2002”.
“Tiene como objeto restringir y limitar la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros, fundado en la necesidad de preservar los recursos naturales y garantizar la soberanía alimentaria”, aseguró.
Carrió hizo principal hincapié en que la compra de muchos terrenos es realizada por sociedades foráneas “para el lavado de dinero proveniente de la corrupción”. “Que la Argentina sepa quiénes son los propietarios extranjeros de tierras es decisivamente importante para la lucha contra la corrupción”, aseguró. “Hoy la venta de un pequeño campo puede asegurar la vida de tres generaciones y puede no dar de comer a la presente generación”, explicó.
“No se puede esperar más”, concluyó Carrió tras citar los casos de Joseph Lewis, propietario extranjero de tierras en Río Negro, y de la compra de Esteros del Iberá, la mayor reserva de agua dulce del mundo, ubicada en la provincia de Corrientes.
Con ese objetivo destacaron que en el proyecto se establecen prohibiciones a la adquisición de tierras por extranjeros, en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, los que imponen estrictas prohibiciones y restricciones y límites en la adquisición de inmuebles rurales por los no nacionales.
Asimismo, se tiende a consolidar el régimen de tenencia de la tierra; a la conservación de los recursos naturales, y al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo del productor agropecuario.
Dictamen para que el Acceso a la Información Pública sea tratado en sesión
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja emitieron esta mañana, un dictamen conjunto para aprobar el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.
Mientras que la Coalición Cívica (CC) firmó un dictamen de minoría, el PS, GEN y Nuevo Encuentro firmaron un dictamen de mayoría con disidencia, todos en desacuerdo respecto a la autoridad de aplicación de la norma. No obstante el denominado Grupo A definió que "cada ámbito tendrá su propia autoridad de aplicación que será autárquico y autónoma".
Tras varios meses de debate los principales bloques de la oposición en Diputados lograron avanzar con un dictamen posibilitando el tratamiento de la iniciativa en la sesión del 15 de septiembre.
La diputada de la CC, Alicia Terada explicó que la Coalición Cívica firmó un dictamen en minoría “porque plantea que la autoridad de aplicación debía quedar en la órbita del Congreso, sin la participación del Poder Ejecutivo”.
En tanto, otros sectores, como el PRO, algunos peronistas federales y el socialismo, preferían que la autoridad de aplicación sea compartida por el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Terada resaltó del proyecto la creación de la ANAIP (Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública) organismo que tendrá "autonomía funcional y autarquía financiera, en el ámbito del Congreso de la Nación", explicó la legisladora chaqueña.
"La ANAIP es independiente, no recibirá instrucciones de ninguna otra autoridad de la Nación y tendrá capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado", establece el proyecto.
La propuesta de la CC también plantea que la ANAIP estará a cargo de un directorio integrado por un presidente y cuatro vocales, con diversas obligaciones y funciones.
Acordado entre todos los bloques el resto del texto establece que "toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reutilizar y redistribuir información que esté en poder, custodia o bajo control de cualquier autoridad pública".
Esa posibilidad se podrá ejercer sin necesidad "de invocar un derecho subjetivo o interés alguno ni contar con patrocinio letrado".
El texto plantea también que estarán obligados a brindar información los "organismos o entes de la Administración central, el Poder Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público, los órganos creados expresamente por la Constitución Nacional, las empresas y sociedades del Estado, y las asociaciones empresariales, instituciones o fideicomisos que tengan recursos o bienes del Estado Nacional".
viernes, 27 de agosto de 2010
El autoritarismo de un Gobierno que persigue a los medios y pone en riesgos la democracia
La embestida del Gobierno contra los medios no tiene límites, ni disimulo. Mientras desde la oposición intentamos generar leyes que permitan mayor transparencia y pluralidad en los medios, trabajando en iniciativas como la de publicidad oficial -que tiene el objetivo de crear reglas claras para su distribución, a los efectos de que no sea utilizada para favorecer o perjudicar a los medios según su relación con el Gobierno- desde el oficialismo intentan cerrar el círculo de la información atentando contra los medios que no son adictos al poder de turno y contra la misma Constitución Nacional (CN).
En un claro accionar de ataque contra la principal materia prima de los medios gráficos, que es el papel y con una decisión completamente autoritaria, la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció que denunciará judicialmente al diario La Nación y Clarín para investigar la compraventa de papel prensa y enviará al Congreso un proyecto para regular y controlar la producción de papel para diarios.
Con esta medida pretenden condicionar el trabajo de los medios independientes en un claro ejemplo de coartar la libertad de prensa, iniciando un proceso de degradación y exterminio de la democracia.
Pero no es la única, de la misma manera que en Venezuela, el presidente Hugo Chávez, manda a cerrar canales de televisión y radios, en la Argentina la presidente Cristina Fernández, a través de una resolución de la Secretaría de Comunicaciones dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel, proveedor de Internet perteneciente a CableVisión del Grupo Clarín.
Pareciera ser que el Gobierno castiga a quienes no piensan igual que ellos, y en esta arremetida no les importa avasallar los derechos de los argentinos constitucionalmente adquiridos. Mucho menos pensar que con estas iniciativas pone en serio peligro la continuidad de una democracia plena, que gran trabajo nos constó recobrar.
Desde la Coalición Cívica hacemos pública nuestra postura en defensa de la libertad de prensa y expresión porque respetamos a quienes piensan igual que nosotros y a quienes no y entendemos que esa es la forma de construir una democracia real.
No estamos a favor de los intereses de un determinado grupo empresarial mediático que en numerosas ediciones criticó el accionar e iniciativas de la Coalición Cívica, sino de todos los medios que existen en la Argentina. Queremos garantizarles a todos por igual los insumos necesarios para poder desarrollar libremente su derecho a trabajar y por otro lado permitirle a la ciudadanía gozar de su derecho de informarse de manera veraz.
En esta lucha la Coalición Cívica junto con los principales bloques de la oposición presentamos diversos proyectos para anular la medida del Estado contra Fibertel, porque no compartimos y nos oponemos a estos mecanismos nefastos de control que propone la presidente.
Por otra parte estudiamos los antecedentes del expediente 44 y analizamos el informe del fiscal de Investigación Administrativas, Ricardo Molina referidos a papel prensa y nos dimos cuenta que la intención inicial de su conformación fue buena, la idea era que la Argentina comenzara a fabricar el papel de diario para evitar la importación y que pudiera tener mayor libertad y menor costo.
Estamos convencidos que hubo una manipulación y tergiversación de los hechos históricos por parte de la presidente, y ello quedó demostrado en las cartas publicadas por Isidro Graiver y la hija de David Graiver donde desmienten cualquier tipo de presiones para la venta de papel prensa. Asimismo consideramos una jugada mentirosa de la presidente al intentar hacer creer a la ciudadanía que existió la posibilidad de delitos de lesa humanidad, cuando en ningún momento hubo presión o violación a los derechos humanos según expresan sus protagonistas.
Somos concientes que los medios de comunicación masiva tienen gran influencia en la población pero nos parece abominable pensar que fuera una excusa mas que suficiente para intentar acallar sus voces y controlar la diversidad de pensamiento y opinión.
Por otra parte nos preocupa ser víctimas de las decisiones de un Gobierno que agoniza y que en su desesperación por salvarse toma medidas que los hunden aun más, pero que mientras producen un grave daño político, económico y moral a los argentinos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


